El esquema de extorsión que presuntamente operaba una célula criminal en el sector aguacatero de Michoacán no solo representaba ganancias millonarias para el crimen organizado, sino que también podría poner en riesgo la estabilidad de una de las industrias agrícolas más importantes del país.
Según informa Infobae, durante una conferencia de prensa, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que la organización investigada por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, obtenía ingresos de hasta 18 mil millones de pesos al año mediante el cobro de piso a productores de aguacate y limón.
Según la investigación, la mayor parte de esos recursos provenía de la producción de aguacate. Las autoridades identificaron a un presunto operador conocido como "El Licenciado", quien habría administrado el sistema de extorsión sobre este cultivo mediante cuotas que variaban entre uno y seis pesos por kilogramo, dependiendo de la temporada y del precio del fruto.
La Fiscalía estimó que únicamente este esquema relacionado con el aguacate podía generar hasta 10 mil 800 millones de pesos anuales, considerando que Michoacán produce alrededor de 1.8 millones de toneladas cada año.
El aguacate representa uno de los principales productos agrícolas de exportación de México y abastece mercados como Estados Unidos, Europa y Asia. Aunque las autoridades no señalaron afectaciones directas al comercio internacional, especialistas consideran que la presencia de organizaciones criminales dentro de la cadena productiva puede incrementar los costos para los productores, afectar la competitividad del sector y generar incertidumbre entre compradores internacionales.
Las investigaciones también revelan que otra parte de la estructura criminal obtenía recursos mediante la extorsión a productores de limón. En ese caso, las ganancias anuales oscilarían entre mil 713 y 3 mil 426 millones de pesos, de acuerdo con los cálculos presentados por la FGE.
La Fiscalía sostiene que el poder económico generado por estas actividades ilícitas permitió fortalecer la capacidad operativa del grupo criminal, situación que forma parte de las líneas de investigación relacionadas con el homicidio del alcalde de Uruapan.
Las autoridades continúan con las indagatorias para identificar a todos los integrantes de la red y esclarecer la totalidad de los hechos. Mientras tanto, el caso ha vuelto a poner sobre la mesa el impacto que tiene la extorsión sobre el sector agrícola y los desafíos que enfrenta una industria estratégica para la economía mexicana.
