La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevó a cabo este lunes una reunión a puerta cerrada con su gabinete en Palacio Nacional, en medio de un contexto tenso relacionado con la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como de otros nueve funcionarios, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La reunión tuvo lugar alrededor de las 13:30 horas en el salón Tesorería, reuniendo a todos los secretarios de Estado y a líderes de organismos del gabinete ampliado.
Este encuentro se produce en un momento de alta presión diplomática, tras la solicitud del Departamento de Justicia estadounidense para la detención y extradición de funcionarios sinaloenses.
Reunión del gabinete en Palacio Nacional
Asistieron destacados miembros del gabinete, incluyendo a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; y el secretario de Marina, Pedro Morales Ángeles.
La llegada de integrantes del gabinete de seguridad a la Ciudad de México, procedentes de Culiacán, Sinaloa, subraya la importancia del tema en la agenda federal, especialmente en respuesta a las acusaciones de las autoridades estadounidenses.
Esta reunión tiene como objetivo analizar de manera conjunta los diferentes escenarios políticos y jurídicos que enfrenta el país.
La secretaria Rodríguez y otros funcionarios de áreas como Economía, Trabajo, Energía, Cultura, Turismo y Medio Ambiente también participaron, lo cual indica la amplitud de temas abordados en el encuentro.
Posición del gobierno ante la extradición
Antes de la reunión, la presidenta Sheinbaum expresó que su gobierno no cederá ante presiones externas y que la Cancillería solicitó a Estados Unidos pruebas que sustenten las acusaciones formuladas.
La mandataria subrayó que no existe un dilema entre la entrega de funcionarios y posibles represalias, y que cualquier decisión se tomará con base en la ley y la evidencia disponible. Además, enfatizó que no habrá encubrimiento a ningún servidor público que haya cometido irregularidades.
La presidenta defendió el combate a la corrupción como un principio central de su administración, destacando que los recursos destinados a programas sociales son prueba de una gestión sin prácticas ilícitas.
Reiteró que no habrá impunidad si se comprobaban responsabilidades. La reunión concluyó alrededor de las 15:00 horas sin que se anunciara ningún acuerdo concreto.
Sin embargo, el encuentro resalta la intención del gobierno federal de coordinarse ante un panorama que mezcla presión internacional, seguridad pública y decisiones políticas internas.
