La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise la información relacionada con la denominada "Mansión Dorada" y la empresa Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, de la que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos Galván, posee el 98 por ciento de las acciones, luego de que se reportara un posible conflicto de interés.
La mandataria federal consideró que existen elementos suficientes para que la ASF realice una revisión administrativa sobre los contratos otorgados a la empresa y determine si fueron debidamente declarados en el patrimonio de la gobernadora y si hubo alguna irregularidad.
Sheinbaum considera que la ASF debe revisar el caso
El tema surgió luego de que una periodista expusiera los hallazgos del reportaje, en el que se documenta que la empresa Administradora Inmobiliaria de Chihuahua habría recibido contratos del propio Gobierno estatal y figura como propietaria de parte de los terrenos donde se encuentra la residencia conocida como la Mansión Dorada. Al respecto, Sheinbaum respondió:
"Sí, por supuesto. Sí vale la pena investigar y si esto fue declarado en sus declaraciones patrimoniales o si hay conflicto de interés por alguna acción que se haya realizado por el Gobierno".
La presidenta precisó que la Auditoría Superior de la Federación es la instancia competente para realizar una revisión administrativa. Añadió que, en caso de que alguna persona presente una denuncia ante la Fiscalía correspondiente, el asunto también podría investigarse desde la vía penal.
No obstante, aclaró que no emitió una instrucción formal ni ordenó el inicio de un procedimiento, sino que expresó públicamente que considera pertinente que la ASF analice el caso.
¿Qué es la llamada Mansión Dorada?
La propiedad señalada en la investigación periodística se ubica en el fraccionamiento Residencial Bosques de San Francisco, en la ciudad de Chihuahua.
De acuerdo con la información publicada, el predio tiene un valor catastral superior a los 31.7 millones de pesos y está integrado por tres terrenos que suman alrededor de mil 800 metros cuadrados.
Los lotes fueron adquiridos entre diciembre de 2023 y enero de 2025 por el empresario automotriz Víctor Manuel Cruz Russek, esposo de Maru Campos, quien falleció en octubre de 2025 y posteriormente legó la propiedad a la gobernadora.
La empresa inmobiliaria y los contratos de Maru Campos
Según un reportaje, Maru Campos declaró en mayo de 2025 que posee el 98 por ciento de las acciones de Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, aunque aseguró no recibir remuneración ni participar en las decisiones operativas de la empresa.
La investigación sostiene que esa inmobiliaria adquirió terrenos por 37 millones de pesos durante 2023 y celebró contratos de arrendamiento con instancias públicas municipales.
Asimismo, el medio documentó que empresas automotrices propiedad de Cruz Russek y de sus hijos recibieron contratos públicos por más de 542 millones de pesos provenientes del Gobierno estatal, municipios y el Poder Judicial de Chihuahua entre 2022 y 2025.
Señalan posibles omisiones patrimoniales
El reportaje también indica que en las declaraciones patrimoniales correspondientes a 2023 y 2024, la gobernadora reportó ingresos anuales cercanos a 7.5 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 5.4 millones fueron registrados como "enajenación de bienes", sin detallar el origen específico de esos recursos.
Además, se señala que diversas operaciones inmobiliarias no aparecen desglosadas en dichas declaraciones y afirma que la mandataria estatal no respondió al cuestionario enviado por ese medio desde febrero pasado.
La investigación también menciona operaciones inmobiliarias con empresas vinculadas al exfuncionario José Luis García Mayagoitia, quien ocupó cargos durante la administración del exgobernador César Duarte.
Maru Campos sostiene que actuó conforme a la ley
En una entrevista previa con el periodista Ciro Gómez Leyva, Maru Campos afirmó que la residencia fue construida por su esposo y que ella la recibió como parte de su herencia, asegurando que todo el patrimonio fue declarado conforme a la ley.
Sin embargo, la investigación periodística sostiene que documentos del Registro Público de la Propiedad y de la sucesión testamentaria presentan información que difiere de esa versión, además de señalar que la gobernadora no mencionó la participación de la empresa inmobiliaria en la adquisición de los terrenos.
Hasta el momento, no existe una investigación formal abierta sobre este caso. La postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum representa una recomendación pública para que la Auditoría Superior de la Federación revise la información disponible y determine si existieron posibles irregularidades administrativas o conflictos de interés.
