Clara Luz Flores, representante de Morena en Nuevo León, presentó este miércoles ante la Fiscalía General de la República dos denuncias penales que alcanzan a los dos principales liderazgos políticos del estado.
La primera fue interpuesta contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, su esposa Mariana Rodríguez Cantú, su padre Samuel Orlando García Mascorro y quien resulte responsable. La segunda, contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, del PRI, y la excontralora municipal Jovita Morín Flores.
Las acciones se realizaron en la sede de la FGR en la Ciudad de México, en medio de la confrontación entre Morena y los gobiernos de Movimiento Ciudadano y el PRI en la entidad.
EL SEÑALAMIENTO CONTRA SAMUEL GARCÍA
De acuerdo con la denuncia, el gobierno de Nuevo León habría realizado pagos a empresas proveedoras que posteriormente habrían canalizado recursos hacia despachos jurídicos vinculados al entorno familiar del gobernador.
Morena cifra las operaciones cuestionadas en alrededor de 7 mil 200 millones de pesos y solicita que se investigue quién autorizó los contratos, si los servicios fueron efectivamente prestados y quiénes resultaron beneficiarios finales.
Los presuntos delitos señalados son delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia incluye un segundo apartado: contratos por aproximadamente 110 millones de pesos con empresas que, según el escrito, habrían sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Para ello, Clara Luz Flores pidió la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
EL CASO NEXT ENERGY EN MONTERREY
La segunda carpeta apunta al contrato entre el Ayuntamiento de Monterrey y la empresa Next Energy para un proyecto de generación de energía solar, que habría comprometido recursos por cerca de 7 mil 370 millones de pesos.
En este caso, los delitos que pide investigar son delincuencia organizada, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.
Es importante precisar que el monto mencionado corresponde al valor del convenio señalado en la denuncia y no constituye por sí mismo un daño patrimonial determinado por autoridad judicial.
RESPALDO PARTIDISTA Y CONTEXTO
Flores Carrales acudió acompañada del senador Alejandro Murat, delegado de Morena en Nuevo León, del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar y de legisladores locales. En el acto también se entregó una ampliación de los señalamientos contra el gobernador.
La morenista, mencionada como posible aspirante a la gubernatura en 2027, sostuvo que no se trata de persecución política sino de exigir claridad sobre el uso de recursos públicos.
Hasta el momento, la presentación de las denuncias no implica culpabilidad ni la existencia de órdenes de aprehensión. Corresponderá a la FGR analizar la documentación y determinar si existen elementos para iniciar o ampliar una carpeta de investigación.
El caso adquiere relevancia política al colocar a Morena frente a Movimiento Ciudadano y el PRI, las dos fuerzas que actualmente gobiernan el estado y su capital, a menos de un año del proceso electoral local.
