La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció tres compromisos para abordar el caso de Brenda Quevedo, quien ha estado en prisión preventiva durante casi dos décadas sin sentencia, acusada de estar involucrada en el caso Wallace.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue preguntada sobre la posibilidad de modificar las medidas preventivas contra Quevedo, quien ha declarado haber sido víctima de tortura sexual.
Asimismo, surgió una denuncia contra el juez Carlos Alberto Rico Mondragón, del Juzgado Primero de Distrito en materia penal de la Ciudad de México. Este juez ha sido criticado por limitar el acceso a atención médica de Quevedo, quien sufrió una hemorragia en febrero pasado.
Esta situación contrasta con decisiones recientes del juez, que permitieron que Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, continúe su proceso en libertad por el caso Agronitrogenados.
Compromisos de la presidenta
Sheinbaum delineó sus compromisos de la siguiente manera: primero, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, revisará el caso en colaboración con la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, para determinar si hubo violaciones a los derechos humanos que deban ser atendidas.
En segundo lugar, la presidenta se comunicará con Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), para solicitar que esta se reúna con las abogadas de Quevedo. Por último, se hará un llamado al Tribunal de Disciplina del Poder Judicial para que evalúe la actuación del juez que limitó la atención médica a la acusada.
Campaña por la liberación de Quevedo
Varias organizaciones civiles, lideradas por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), han impulsado una campaña de recolección de firmas para pedir la liberación de Brenda Quevedo.
Esta campaña se dirige a Sheinbaum, a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a la Fiscalía General de la República.
El IMDHD ha indicado que el caso de Quevedo representa una de las deudas más críticas del Estado mexicano en términos de justicia y derechos humanos, citando informes de organismos nacionales e internacionales que documentan violaciones en su contra.
Recomendaciones de organismos internacionales
En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU dictó que la privación de libertad de Quevedo fue arbitraria, solicitando su liberación inmediata y una investigación por las denuncias de tortura.
Quevedo fue detenida en 2007 y extraditada a México en 2009, acumulando más de quince años en distintas prisiones antes de ser colocada en arresto domiciliario.
Su acusación se basa en confesiones obtenidas bajo tortura, las cuales fueron invalidadas en un caso relacionado. En 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció estas violaciones en su contra.
