La investigación por la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles durante el festival Axe Ceremonia 2025 avanzó con la vinculación a proceso de siete personas y tres empresas por homicidio culposo, tras una audiencia de más de 12 horas que concluyó la madrugada del martes 20 de octubre.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México identificó presuntas responsabilidades relacionadas con la administración del Parque Bicentenario, la organización del evento y el montaje de las estructuras que colapsaron el 5 de abril de 2025.
¿Qué responsabilidades identificó la Fiscalía?
Entre las personas vinculadas se encuentran representantes legales, responsables de operaciones, producción y dirección creativa, así como personal que intervino en la recepción e instalación de las estructuras.
Eduardo "N", representante legal de la empresa administradora del recinto, estaba relacionado con la implementación y seguimiento del Programa Especial de Protección Civil.
Marcos Francisco "N", gerente de Operaciones, firmó una minuta de inspección previa en la que todavía no estaba instalada la estructura que posteriormente cayó.
Por su parte, Martín "N", representante legal de la promotora del festival, fue señalado por su participación en la planeación y distribución de los espacios. También fueron vinculados responsables de producción, ambientación y montaje.
Un dictamen de mecánica forense determinó que la plataforma elevadora involucrada fue utilizada para funciones para las que no había sido diseñada. Además, la estructura que colapsó no estaba incluida en el programa de Protección Civil presentado para autorizar el festival.
Una empresa enfrenta proceso por la muerte de Berenice Giles
En el caso de Berenice Giles, la vinculación a proceso alcanzó únicamente a la empresa encargada de administrar el Parque Bicentenario, debido a que no firmó el acuerdo reparatorio celebrado el 29 de mayo de 2026 con los familiares de la víctima, las ocho personas físicas y las otras dos compañías investigadas.
En contraste, por la muerte de Miguel Ángel Rojas, el proceso penal incluye a las siete personas y las tres empresas señaladas.
Imponen garantías económicas a las compañías
El juez ordenó que las personas físicas se presenten cada dos meses ante la autoridad de supervisión de medidas cautelares y les prohibió acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas.
Las tres empresas deberán exhibir garantías económicas de 500 mil pesos cada una. Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria.
La familia de Rojas también denunció, mediante su asesora legal, Tábata Salas, que las empresas de Grupo Eco presuntamente cobraron un seguro relacionado con las muertes, mientras continuaban las disputas judiciales sobre el caso.
El accidente ocurrió cuando una estructura metálica cayó sobre ambos fotoperiodistas, quienes cubrían el festival para el medio independiente Mr. Indie.
Los dos fueron trasladados al Hospital General Dr. Rubén Leñero, donde llegaron sin signos vitales.
Las personas y empresas imputadas deberán enfrentar el proceso conforme a las determinaciones judiciales, bajo el principio de presunción de inocencia.
