Una investigación de autoridades federales derivó en la detención de un exfuncionario de Michoacán y cuatro personas más, señaladas por su probable participación en una estructura que habría utilizado la identidad de servidores públicos para cometer fraudes y extorsiones.
El detenido fue identificado como Luis Miranda Contreras, quien ocupó cargos relacionados con las finanzas del gobierno de Michoacán. Junto con él fueron detenidos su esposa, Liliana “N”; sus hijos, Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, así como Agustín Arturo “N”, identificado como escolta.
Las autoridades revelaron que, las capturas se realizaron en el fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México, como parte de una investigación sobre una presunta red dedicada a la suplantación de funcionarios públicos.
SUPLANTABAN A FUNCIONARIOS POR DINERO
La indagatoria apunta a que los integrantes del grupo habrían utilizado nombres e identidades de servidores públicos para establecer contacto con particulares y funcionarios, con el propósito de generar confianza y posteriormente solicitar dinero, favores o distintos beneficios.
Entre las personas cuya identidad habría sido utilizada se encuentran funcionarios de la Presidencia de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), servidores públicos del Estado de México y presidentes municipales, según los reportes relacionados con la investigación.
El uso de nombres de personajes con cargos de alto nivel habría permitido a los presuntos integrantes de la organización dar mayor credibilidad a sus solicitudes y facilitar las operaciones investigadas.
ANTECEDENTES DEL EXFUNCIONARIO
Luis Miranda Contreras cuenta además con un antecedente judicial, en 2017 fue detenido por una investigación relacionada con un presunto caso de fraude, derivado de pagos por aproximadamente 26.6 millones de pesos a dos proveedores que, de acuerdo con la acusación de entonces, no habrían realizado los servicios correspondientes.
Su trayectoria dentro de la administración pública es uno de los elementos que ahora forman parte del contexto de la investigación sobre la presunta red de suplantación.
Las autoridades continúan integrando la carpeta correspondiente para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos.
Por ahora, la responsabilidad penal de los señalados no está determinada, por lo que deberán enfrentar el proceso correspondiente y será una autoridad judicial la que defina su situación jurídica.
