Activista señala que en administración pasada hubo acuerdos; sin embargo, no se concretaron
Por: Oviel Sosa
Sirenas prendidas, cinta delimitando el área y elementos de los tres órdenes de gobierno reunidos en un punto, son un panorama que se ha vuelto cotidiano en el municipio Cajeme, al registrarse en promedio un atentado por día.
Las agresiones no sólo han dejado personas ejecutadas, a quienes iban dirigidas las balas, sino que se han presentado situaciones en las que los proyectiles, tras ser accionada un arma de fuego, desencadenan una afectación secundaria: víctimas que quedan en la sombra y que con sus propios recursos deben que sortear una situación que no tenían contemplada, misma que, más allá de los daños materiales que esto ocasiona, en el peor de los casos se han registrado personas que han perdido la vida al ser alcanzadas por los balas.
El tema fue tocado por Rosendo Arráyales Terán en la administración pasada, cuando fungía como regidor, quien en sesión de Cabildo expuso casos particulares en donde personas han resultado afectadas, como consecuencia de un hecho violento.
“Se lograron dos acuerdos, el 72 y 78, que fueron exortos que se le enviaron a la gobernadora en ese momento, para que las víctimas colaterales de balas que impactan su vehículo, que esa gente no sea sujeta a pago de grúa y piso”, señaló.
A su vez, el exfuncionario propuso en marzo de 2019, en sesión de Cabildo, una atención especial para aquellas personas, menores y adultos mayores, que han presenciado un atentado, por el daño sicológico que eso les genera, por lo que planteó que deberían ser canalizadas a alguna dependencia a fin de que reciban trato profesional; como resultado de dicha reunión surgió el acuerdo número 93.
El activista indicó que los acuerdos son mandatos de ley, por lo que la presente administración tiene la obligación de darle seguimiento para que estos lleguen a buen puerto, no como sucedió en la presente administración, cuando durante la sesión de cabildo se tocó el tema, pero no se sometió a votación, dando por concluida la reunión.
“Estoy consciente de que en estos casos quien tiene la facultad de generar un decreto es el gobernador, pero es un compromiso por parte del Gobierno Municipal hacer las gestiones necesarias para que las instancias correspondientes le den solución”, comentó.
Como se recordará, el 11 de noviembre, en el estacionamiento de una plaza comercial en el sur de Ciudad Obregón, se gestó una ejecución, misma que provocó daños en varios vehículos que se encontraban estacionados y los cuales fueron impactados por las balas que los criminales dispararon en contra de su víctima. Durante el ataque, una niña de 9 años se encontraba en el acceso principal del comercio.
“Estaba en la entrada y me dio mucho miedo; corrí y me tiré al suelo”, narró la niña, quien presenció la agresión.
A su vez, el miércoles 16 de noviembre tres infantes fueron afectados tras una agresión armada que se registró por fuera de una tienda en la colonia México: las menores iban saliendo del negocio cuando asesinaron a una persona, resultando perjudicadas.
Posteriormente, el alcalde Javier Lamarque Cano anunció que las niñas recibirían apoyo sicológico y la atención necesaria, algo que busca el acuerdo 93.
Es así como el activista, durante su gestión como regidor, generó pactos encaminados para que las personas que han sido afectadas por una agresión armada reciban un trato apegado a la justicia, una asignatura que no se ha concretado de forma eficiente.
De esta manera los ciudadanos que han sido dañados demandan a las autoridades municipales que le den seguimiento a los exortos elaborados para que estos sean atendidos por la figura legal, misma que tienen la facultad de generar un apartado que establezca una política pública para con ello se aterrice una solución tangible que los exente de pagos por concepto de grúa y corralón, en el caso de automóviles afectados, además de ofrecer respaldo a las personas que han sufrido una afectación emocional o física tras una agresión.
