El hallazgo de los restos, algunos de ellos sometidos a altas temperaturas, abrió nuevas líneas de investigación en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Los fragmentos fueron localizados en distintos puntos de Iguala y Cocula, Guerrero, entre ellos el basurero de Cocula, el río San Joaquín y la funeraria El Ángel.
Las investigaciones actuales de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que estos indicios están siendo sometidos a nuevos análisis forenses para determinar su origen y establecer, mediante pruebas científicas, si alguno pertenece a los normalistas.
Las bolsas, conocidas como "petrosas" por la dureza de los restos y la exposición a altas temperaturas, forman parte de un conjunto de evidencias que, según las pesquisas recientes, no habría sido estudiado a profundidad durante las primeras investigaciones del caso.
LA FUNERARIA, UNA PIEZA CLAVE
Uno de los principales puntos de interés es la funeraria El Ángel, que desde 2011 tenía bajo concesión el Servicio Médico Forense de Iguala y contaba con tres hornos crematorios, uno de ellos presuntamente clandestino y sin registro oficial.
Las autoridades buscan determinar qué ocurrió en ese inmueble y si aún existen restos o evidencias que no hayan sido localizados, por lo que buscan profundizar en la averiguación de posibles restos y evidencias dentro y alrededor del inmueble.
REVISAN EVIDENCIAS DE HACE MÁS DE UNA DÉCADA
La FGR también ha retomado declaraciones y elementos recabados durante los primeros años de la investigación con el objetivo de identificar posibles pruebas que fueron descartadas o no analizadas suficientemente.
Algunas de las bolsas con restos fueron localizadas desde 2014 y permanecieron bajo resguardo durante años. Ahora, peritos efectúan estudios de laboratorio para establecer científicamente a quién pertenecen los fragmentos, sin que hasta el momento exista confirmación de que correspondan a alguno de los 43 estudiantes.
El nuevo análisis busca esclarecer también por qué determinadas evidencias no fueron incorporadas de manera exhaustiva a las investigaciones anteriores y si su estudio puede aportar información distinta a las hipótesis planteadas durante los últimos 12 años.
POSIBLES VÍNCULOS POLÍTICOS
Uno de los nombres que aparece en las nuevas líneas de investigación es el del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien dejó el cargo tras la desaparición de los estudiantes. También se revisan los posibles vínculos políticos entre funcionarios estatales y municipales, incluido el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Las pesquisas buscan establecer si existieron redes de protección o complicidades que pudieran haber obstaculizado las investigaciones iniciales. Estas hipótesis, sin embargo, deberán ser sustentadas con pruebas y no pueden considerarse conclusiones definitivas.
A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, las autoridades mantienen abierta la investigación y buscan reconstruir lo ocurrido durante la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
