La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó indicios de una posible exposición de información personal que estaría relacionada con un sistema de Aeroméxico, como parte de las labores de monitoreo que realiza para identificar eventuales incidentes de seguridad.
La alerta surgió luego de que la autoridad localizara, el 18 de septiembre de 2026, una publicación en Telegram donde un usuario ofrecía una base de datos que presuntamente pertenecería a la aerolínea.
De acuerdo con la información localizada, el archivo tendría más de 15 millones de registros y un tamaño de 1.10 GB. Entre los datos que supuestamente contiene se encuentran nombres completos, direcciones de correo electrónico, números telefónicos y celulares, fechas de nacimiento y fechas de alta.
Como parte del monitoreo, la Secretaría obtuvo una muestra integrada por 100 mil 92 registros que contienen esos mismos campos. En la revisión preliminar fueron identificados datos correspondientes a distintas personas, entre ellas servidores públicos y figuras públicas.
La dependencia informó que analizará la información recabada con el propósito de determinar si existen elementos para iniciar de oficio una investigación y establecer, en su caso, posibles responsabilidades relacionadas con las bases de datos presuntamente comprometidas.
El procedimiento se encuentra sustentado en las atribuciones que tiene la Secretaría para supervisar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. La dependencia citó como fundamento los artículos 54 y 55 de dicha legislación, además de los artículos 30-B, fracción VII, y 30-F, fracción II, de su Reglamento Interior.
Hasta ahora, la autoridad se refiere a una posible exposición y a una base de datos supuestamente atribuible a Aeroméxico, por lo que la procedencia de la información y las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas mediante las investigaciones correspondientes.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aseguró que mantendrá sus acciones encaminadas a la protección de los datos personales y a la salvaguarda de los derechos de las personas que entregan información a terceros.
En caso de que se determine el inicio del procedimiento correspondiente, añadió, las actuaciones se desarrollarán conforme al marco jurídico aplicable y con atención al interés público.
