La preocupación por el futuro financiero y la estabilidad en el retiro se ha vuelto una inquietud creciente para muchas familias en México
Por: Luis Valenzuela
Desde hace décadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) han sido los pilares en la entrega de pensiones a los jubilados; sin embargo, con la evolución de las leyes y reformas, el panorama ha cambiado drásticamente.
REGÍMENES DE PENSIONES EN MÉXICO
Actualmente en México existen dos regímenes de pensión, la Ley del 73 y la Ley de 1997; y la diferencia entre ellos es sustancial, ya que mientras la Ley del 73 garantizaba una pensión del 100% del último salario para aquellos que se jubilaban a los 65 años, la Ley de 1997 vincula el monto de la pensión al ahorro acumulado en la cuenta Afore.
Este cambio impacta especialmente a las generaciones más jóvenes, como los millennials y centennials, quienes ya no pueden aspirar a una pensión garantizada como la de sus padres o abuelos.
El proceso de transición entre estos regímenes ha sido complejo y ha llevado a diversas reformas a lo largo de los años, la más reciente fue en el año 2020, con la que se buscó incrementar el ahorro de los trabajadores mediante el aumento gradual de las aportaciones patronales y la reducción de las semanas de cotización requeridas.
Además, se elevó el monto de la pensión garantizada y se redujeron las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro (Afores).
Sin embargo, aún persisten desafíos significativos; la iniciativa de reforma en materia de pensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador busca ampliar el acceso a una pensión equivalente al 100% del último salario para aquellos que ganan menos del salario promedio del IMSS.
Esto supone un avance importante en la búsqueda de un retiro digno para todos los trabajadores, pero plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema y la equidad entre los diferentes estratos salariales.
En este contexto, la educación financiera y el fomento del ahorro son fundamentales para garantizar la seguridad económica en la vejez.
Es responsabilidad tanto del Gobierno como de los individuos tomar medidas proactivas para asegurar un futuro financiero estable y una jubilación digna para todos los mexicanos.
