Por el 12 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares de los estudiantes e integrantes de escuelas normales rurales acudieron este viernes 25 de septiembre a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México para realizar un mitin y exigir el esclarecimiento del caso.
A un día de que se cumplan oficialmente la docena de años de uno de los hechos más increíbles ocurridos en Iguala, Guerrero, las familias demandaron una audiencia con el ministro presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz.
Tras la protesta inicial, una comisión de padres ingresó al edificio para sostener una reunión a puerta cerrada que se prolongó por alrededor de 30 minutos.
A la salida del encuentro, los voceros de las familias indicaron que solicitaron a la SCJN mantener un seguimiento permanente sobre las investigaciones y no limitar la atención únicamente a las fechas conmemorativas.
Asimismo, expresaron que mantendrán una postura vigilante para garantizar que los compromisos asumidos durante la mesa de diálogo se traduzcan en acciones judiciales efectivas.
FRENTE JURÍDICO Y LA EXIGENCIA
El pasado mes de julio, la Suprema Corte atrajo recursos legales vinculados a una sentencia que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, no obstante, la representación legal de los familiares ha expresado reservas ante esta figura, al advertir que podría fragmentar los expedientes en curso y generar dilaciones en el proceso.
Entre las demandas centrales de los padres se mantiene la exigencia de que el Ejército Mexicano abra la totalidad de la información contenida en sus archivos, así como el retorno del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para colaborar en los peritajes.
INTENSIFICACIÓN DE LAS MOVILIZACIONES
La acción frente a la SCJN forma parte de una serie de protestas coordinadas en la capital del país, pues l pasado 24 de septiembre, las familias se manifestaron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para rechazar un dictamen reciente que, sostienen, exime de responsabilidad a elementos de las Fuerzas Armadas y desvía la carga hacia corporaciones locales.
Estas acciones ocurren a un mes de que el Gobierno federal informara sobre una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los familiares de las víctimas, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó nuevas líneas de investigación y un reanálisis de los expedientes.
