En 2006, el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Con apenas unos días en el poder y una legitimidad electoral cuestionada, prometió recuperar la seguridad del país y poner fin al dominio de las organizaciones criminales. Para conseguirlo, miles de militares y policías fueron desplegados en calles, carreteras y comunidades. La promesa era devolvernos la paz. Veinte años después, seguimos contando muertos, buscando desaparecidos y preguntándonos en qué momento la guerra se convirtió en una forma de gobernar.
Por supuesto, las organizaciones criminales no surgieron en 2006. Durante décadas habían construido redes de tráfico de drogas, corrupción y control territorial, muchas veces sostenidas por relaciones de complicidad con autoridades de distintos niveles de Gobierno. Sin embargo, aquel año marcó un punto de inflexión en la intensidad de la violencia. La militarización de la seguridad pública, la fragmentación de las organizaciones criminales y las disputas por el control territorial contribuyeron a multiplicar los enfrentamientos, las desapariciones, los desplazamientos forzados y las expresiones más crueles de violencia.
Lejos de desaparecer, las organizaciones criminales se transformaron. Siguiendo una especie de manual de la “buena empresa capitalista”, diversificaron sus mercados, ampliaron sus negocios y encontraron nuevas formas de obtener ganancias. El secuestro, la extorsión, el cobro de cuotas, la trata de personas y el tráfico de migrantes se convirtieron en parte de sus nuevos “emprendimientos”.
La guerra contra el narcotráfico está por cumplir veinte años y sus consecuencias siguen atravesando la vida cotidiana de millones de personas. Cuando hablamos de esta guerra, pensamos en los homicidios, las fosas clandestinas, las desapariciones, las comunidades desplazadas y las familias que llevan años buscando a sus seres queridos. Pero hay otras víctimas que pocas veces ocupan un lugar central en esta historia: Las personas migrantes que atravesaban México con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
Para ellas, el territorio mexicano se convirtió en una geografía del horror. Las carreteras, los caminos rurales, las vías ferroviarias y los corredores fronterizos por los que transitaban comenzaron a ser disputados por organizaciones criminales. Las personas migrantes se convirtieron en una fuente extraordinaria de ganancias y eran vistas como las “víctimas perfectas”: Personas que viajaban lejos de sus redes familiares, sin documentos migratorios y con enormes dificultades para denunciar las agresiones. A ello se sumaba la participación, tolerancia o complicidad de algunos agentes del Estado. ¿Ante quién denunciar un secuestro cuando quienes deberían protegerte pueden estar involucrados en el mismo negocio?
A este proceso lo refiero como clandestinización de la población migrante. No se trata simplemente de personas que deciden esconderse para atravesar un país. Se trata de un proceso político mediante el cual las leyes migratorias, las restricciones al tránsito, la vigilancia y las prácticas de persecución empujan a miles de personas hacia la clandestinidad. Es decir, son las propias políticas de control las que contribuyen a producir las condiciones de vulnerabilidad que después se presentan como consecuencias inevitables de la migración irregular.
Mientras México y Estados Unidos endurecían sus fronteras y multiplicaban los dispositivos de vigilancia, las personas migrantes eran obligadas a buscar caminos cada vez más peligrosos y a depender de intermediarios para continuar su recorrido. La paradoja es brutal, pues en nombre de la seguridad se cerraban las rutas más visibles, mientras se abrían nuevas oportunidades de negocio para quienes lucraban con el miedo y la desesperación.
La clandestinización no solamente volvió más peligrosos los desplazamientos. También convirtió la movilidad en una mercancía sometida a distintas formas de explotación. Había que pagar para subir a un tren, atravesar un territorio, evitar una agresión, escapar de un secuestro o recuperar la libertad. El tránsito comenzó a organizarse mediante una sucesión de cobros, amenazas y violencias que transformaron el viaje en una experiencia de incertidumbre permanente. Sus cuerpos, su trabajo, sus relaciones familiares y sus propias vidas se convirtieron en recursos susceptibles de explotación. Quienes no podían pagar podían ser obligados a trabajar para organizaciones criminales, sometidos a violencia sexual, reclutados por la fuerza, desaparecidos o asesinados. En esta economía de la crueldad, el sufrimiento también adquirió un precio.
Entonces llegaron las masacres que hicieron imposible seguir mirando hacia otro lado. En agosto de 2010 fueron encontrados los cuerpos de 72 personas migrantes asesinadas en San Fernando, Tamaulipas. Eran mujeres y hombres que habían salido de sus países buscando mejores condiciones de vida y terminaron ejecutados en territorio mexicano. En 2011, nuevamente en San Fernando, fueron localizadas fosas clandestinas con 193 cuerpos. En mayo de 2012, en Cadereyta, Nuevo León, aparecieron 49 cuerpos mutilados.
Estas masacres no fueron simples episodios de violencia criminal. Se convirtieron en símbolos de una tragedia más profunda: La transformación de las rutas migratorias en territorios donde la vida podía ser capturada, explotada y eliminada con una impunidad estremecedora.
La guerra contra el narcotráfico dejó una herencia que continúa organizando buena parte de las experiencias migratorias en México. Las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, la violencia sexual y el control criminal de las rutas siguen formando parte de los riesgos que enfrentan quienes atraviesan nuestro territorio.
Sin embargo, esta no es una historia únicamente de víctimas. También es de resistencias. Durante estas dos décadas, las personas migrantes han desarrollado múltiples estrategias para sobrevivir, proteger a sus familias y continuar sus trayectorias. Han construido redes de solidaridad, compartido información sobre los peligros del camino, organizado formas colectivas de desplazamiento y encontrado apoyo en albergues, organizaciones civiles, comunidades religiosas y personas que se niegan a permanecer indiferentes. Frente a una política que las criminaliza o las victimiza, han insistido en algo elemental: Su derecho a vivir y a buscar una vida digna.
