Uno de los debates centrales respecto a la pertinencia o no de la reforma eléctrica propuesta recientemente por el Gobierno Federal...
Por: Moisés Gómez Reyna
es si ésta ocasionará un aumento o una reducción en las tarifas para los usuarios.
El Congreso de la Unión ha realizado en estos días una serie de Foros de Parlamento Abierto para conocer en voz de expertos los pros y contras de la reforma y, desde luego, el tema de las tarifas ha sido abordado ampliamente.
La posición gubernamental es que las tarifas eléctricas no tengan incrementos por arriba de la inflación, asegurando esta premisa mediante los esquemas de subsidios al consumo para los usuarios.
De esta forma, el Gobierno Federal no pretende propiamente una reducción de las tarifas, sino mantenerlas estables, de ser necesario mediante subsidios que al final de cuentas son pagados con dinero público de los contribuyentes.
Los expertos a favor de la iniciativa presidencial argumentan que CFE tiene el compromiso de establecer tarifas con sentido social, debido al carácter de servicio público que tiene el sector energético.
Señalan que la energía eléctrica es una necesidad básica y, por lo tanto, las tarifas deben tomar en cuenta las desigualdades que existen en el país.
La reforma pretende proteger al 90% de los clientes de la CFE por medio de la conservación del esquema actual de subsidios, subrayan.
Es necesario modificar la legislación, añaden, ya que existen 180 tarifas a lo largo del país, lo cual ha originado que se pierda el sentido social del servicio.
Aseguran que el sector privado, en cambio, solo piensa en utilidades y más cuando se trata de empresas extranjeras. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de llevar la rectoría del mercado eléctrico.
Por otro lado, quienes están en contra de la iniciativa presidencial, señalan que ésta no cumplirá con los propósitos planteados, al establecer que CFE suministre la mayor parte de la energía que demanda el país, lo que por el contrario tendría impactos negativos para los consumidores y la economía.
De aprobarse, advierten, se avalaría una mayor utilización de fuentes fósiles y, por lo tanto, la energía sería más cara, contaminante y escasa. Actualmente, se estima que CFE produce dos terceras partes de su electricidad mediante combustibles fósiles.
Recalcan que emplear fuentes fósiles en primera instancia para atender la demanda, en lugar de energías renovables, aumentaría los costos anuales de generación en el país hasta en 2 mil 750 millones de dólares.
Por lo tanto, de aprobarse la reforma, indican que para mantener sin cambios las tarifas domésticas se tendrían que aplicar mayores subsidios, presionando las finanzas públicas del Gobierno.
En el caso de las tarifas industriales, los aumentos en los costos serían inevitables, por lo que se reflejarían en alzas a los precios de productos finales para los consumidores.
Las tarifas en México no deben subir más que la inflación, y por el contrario, deben disminuir a través de la libre competencia. Si lo que se quiere es mayor estabilidad en tarifas y costos bajos, los expertos aseveran que entonces lo que se necesita es realizar más subastas de energía a largo plazo, como ya lo prevé la ley.
La reforma de 2013, puntualizan los expertos en contra de la actual iniciativa, estableció un mecanismo que permite que a quienes les cuesta menos generar electricidad sean los que entreguen su energía a la red.
Por lo tanto, tener proyectos más eficientes y modernos es lo que permitirá contar con tarifas más bajas a mediano y largo plazo.
El sistema actual también permite establecer subsidios focalizados para garantizar energía eléctrica a quienes más lo necesitan, por lo que tampoco se necesita una reforma en este sentido.
Esos son los argumentos tanto de los expertos a favor, como en contra de la iniciativa, pero como diría un clásico: usted siempre tiene la mejor opinión.
Twitter: @GomezReyna
