El Gobierno de Guerrero ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quien aporte información sobre el paradero de los 43 normalistas
Por: Gerardo Armenta
Casi en la víspera de que se cumplan 10 años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se produjo un hecho llamativo e insólito, por decir lo menos. Un hecho que, sin embargo, refleja hasta dónde ha llegado la situación existente al respecto. En síntesis, lo que se quiere decir es lo siguiente: el Gobierno de Guerrero ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quien aporte información sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, en Iguala.
La notificación se hizo a base de espectaculares colocados en Chilpancingo, en municipios de la región del Estado y en la llamada Autopista del Sol. Uno de los anuncios fue rápidamente vandalizado. Esta campaña de notificación de la recompensa a que se alude, inició con la puesta de 23 espectaculares. En los avisos están las fotografías de los rostros de los estudiantes.
Como se sabe, están por cumplirse 10 años de lo ocurrido en Iguala. A pesar de todo lo dicho en una y otra forma, hasta hoy no ha sido posible establecer el deseable y esperado desenlace de este lamentable caso. Por lo viso, todo lo hecho al respecto ha sido, de alguna, manera inútil. Bien a bien no se sabe del todo qué fue lo que verdaderamente propició la tragedia de Iguala. Existen muchos pormenores oficialmente comprobados de una u otra manera, con detenciones de reales o presuntos implicados en los hechos.
Pero lo que cabría entender como el cierre del caso es algo que todavía está por verse, a 10 años de que ocurrieron los hechos. Una circunstancia de esta naturaleza no deja de llamar la atención gravosamente. Una década es mucho tiempo para que todavía se siga hablando de Ayotzinapa como si se tratara de una ingrata historia sucedida hace días o meses. Pero no. Debe repararse en que ya pasó una década de los hechos en mención. Y muchas palabras en todos los tonos se han dicho de una u otra manera.
En este contexto nunca estará de más la certeza de una recompensa oficial que sirva o ayude para dar con los estudiantes desaparecidos. Aunque la búsqueda, por más que involucre una cantidad como la significada por 10 millones de pesos, puede resultar complicada, habida cuenta del tiempo que ha transcurrido desde la desaparición de los jóvenes. Pero ojalá que esta vez el afán de encontrar a los estudiantes se traduzca en hechos. 10 años de inquietud, zozobra y dolor son muchos para sus familiares y para la sociedad en su conjunto.
En otro género de asuntos, bien se sabe en estas alturas que el Instituto Nacional Electoral (a través de su Consejo General) rechazó las reformas practicadas a los estatutos del PRI, porque estas se hicieron fuera de tiempo legal. ¿Nadie sabrá en el PRI de hoy la diferencia entre un tiempo legal y otro que no lo es? Hay aquí un aspecto en el que valdrá detenerse. Y es que en el INE no dijeron nada sobre la posibilidad de que Alejandro Moreno Cárdenas permanezca como dirigente tricolor o deje de serlo. Ahora, este caso tendrá que ser dictaminado por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación.
Como se sabe, el PRI llevó a cabo sus recientes reformas (algo así como un himno a la vocación porfirista por la reelección) estando todavía en marcha el reciente proceso electoral llevado a cabo, lo cual se antoja inaudito, ya que no era posible asumir en tal etapa quehaceres partidistas de ese tenor. En el pecado suele llevarse la penitencia, dicen los que saben de estos menesteres. Por eso, ahora “Alito” está planeando apersonarse en el TRIFE para discutir el caso, si es que hay algo que discutir. El dirigente priista da por cierto que sí lo hay.
Pero eso es precisamente lo que se verá. Resulta inaudito que en un partido como el PRI no hubiera nadie que alertara sobre la improcedencia temporal de llevar a cabo las reformas a los estatutos del partido. Por esa torpeza los afanes reeleccionistas (hasta por tres tiempos) del mando priísta superior podrían acaso verse truncados por la decisión del INE. Aunque, como queda dicho, falta por ver la eventual decisión del TRIFE en ese sentido.
Un partido político no tendría normalmente por qué andar en esta clase de rejuegos legales. Y mucho menos uno como el PRI, que debería estar más preocupado por la reconquista de sus bases electorales (hoy ciertamente lejanas) que por asegurar la reelección en el mando de sus dirigentes. El tema ofrece muchas posibilidades de comentario junto con las propias que brinda igualmente otro partido como el PAN, inmerso como está en la búsqueda de un nuevo dirigente nacional. Necesitará una moderna lámpara de Diógenes para encontrarlo.
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