El pasado 1 de julio se cumplieron tres años de la victoria contundente que logró el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que poco más de 30 millones de personas depositaron su confianza en la esperanza de un cambio de régimen que, prometía en ese entonces como hasta la fecha, la instalación de una cuarta transformación que tiene como principales apostolados acabar con la corrupción y poner en el centro de todas su decisiones a la clase más desprotegida de nuestro país.
En la actualidad el gobierno de López Obrador comienza su descenso con rumbo a la sucesión presidencial de 2024, la cual ha comenzado a dar los primeros indicios de lo que será esta larga carrera de resistencia, en la que el partido del presidente, Morena, parece llevar las de ganar ante una oposición que no ha logrado unificar sus propuestas para hacer un frente con la suficiente fuerza como para vencer la estructura federal y sus programas sociales que se han arraigado al más puro estilo del viejo régimen de los años setenta.
Este gobierno de la 4T ha entendido muy bien la manera en la que se puede controlar el juego de la política en nuestro país, comenzando con el esmero en la comunicación social, siguiendo al pie de la letra las reglas del experto en el tema, Naom Chomsky. Seguido de un sinnúmero de cambios sustanciales para sostener los programas sociales y proyectos prioritarios para López Obrador, comenzando por las grandes obras de este sexenio como lo son el Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y los Bancos del Bienestar, en los que de cada $100 pesos del presupuesto federal se destinan $43 pesos en Pemex, $7 pesos en la CFE y $15 pesos en las obras de infraestructura anteriormente mencionadas. Mientras los servicios públicos de salud y educación reciben $1 y $2 pesos, respectivamente.
Empero, la objetividad más allá del bullicio y las mañaneras, golpea fuertemente a muchos ciudadanos que día a día se enfrentan a la cruda realidad de que en nuestro país las cosas no marchan como deberían. Tal es el caso de las políticas sociales implementadas por el gobierno federal, las cuales se basan prácticamente en las transferencias económicas directas, dejando a un lado la prevención y la generación de nuevas alternativas para las personas más necesitadas volcándose en un claro juego de suma cero como lo han definido diversos economistas. Lo anterior fue confirmado por el propio Coneval en su informe del año 2020 en el que se afirmó que en México hay cerca de 10 millones de nuevos pobres, aunado a la alza en productos básicos para la economía familiar como lo es el caso de la tortilla de maíz que ha alcanzado los 27 pesos por kilogramo, la azúcar que ha incrementado su precio en un 53.3%, el kilogramo de frijol que presentó un aumento del 40%, así como también, el aumento en el precio de las gasolinas que registraron en abril del 2021 un aumento del 35% con respecto al mismo mes del 2020.
Lo anterior sin mencionar la falta de acceso a los servicios básicos, como informó el Coneval sobre la falta de acceso a la atención médica que pasó de 16.7% en 2015 a 21.5% en 2020, lo que se traduce en menos medicinas y atención médica para los derechohabientes del recién creado Insabi.
Evidentemente el desenlace de esta historia llamada 4T aún está por contarse, a la mitad del sexenio de López Obrador, en el que ha prevalecido una diáfana división entre dos sectores de la población que viven distintas realidades se ha ido agudizando conforme el paso del tiempo, sin que esto genere una mejora en la vida pública de los mexicanos. En la actualidad y después de los comicios intermedios, es el momento de dejar a un lado la politiquería y diferencias ideológicas que pudiesen existir naturalmente entre los mexicanos para poner de nuestra parte y hacer que el final de esta historia no termine en tragedia.
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