La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el mes pasado que ningún estudiante de educación primaria y secundaria reprobará el presente ciclo
Por tanto, todo el alumnado pasará prácticamente de forma automática al periodo 2022-2023, independientemente de su nivel de aprendizaje.
La medida responde a los efectos de la pandemia del Covid-19 en el campo educativo, donde el programa “Aprende en Casa”, ciertamente no tuvo los resultados esperados. El no contar con la asesoría adecuada en casa, la ausencia de recursos materiales suficientes o la necesidad de un mayor apoyo por parte del docente, son algunos de los factores que han incidido en un retraso en el desarrollo de competencias estudiantiles.
Desde el regreso a clases presenciales, la SEP ha seguido la política de la no reprobación, aunque es conveniente aclarar que desde antes de la pandemia se buscaba evitar esas situaciones lo más posible. Los profesores estaban ya comprometidos a apoyar a sus alumnos para evitar la repetición de un año escolar.
Ahora es una norma oficial por el presente ciclo escolar. Uno de los fundamentos centrales es que sería injusto reprobar estudiantes que han enfrentado dificultades económicas y carecido de apoyo de personas adultas, lo que ha repercutido negativamente en sus aprendizajes.
Desde luego, existen elementos para considerar la situación adversa de muchos alumnos, de manera especial al asignar calificaciones. Lo preocupante es si las autoridades educativas cuentan ya con una estrategia plenamente definida, basada en un diagnóstico con rigor científico, planeada a profundidad y con sólidos mecanismos de evaluación, para atender los casos de retrasos en el aprendizaje como producto de la pandemia.
Al parecer, un programa de este tipo no se ha establecido plenamente, por ello la decisión de pasar de año al alumnado en su totalidad.
Si se piensa que niños y jóvenes podrán hacer una regularización de competencias únicamente al continuar el siguiente grado, el resultado podría ser no sólo desafortunado, sino algo contra producente en gran medida.
La afectación del aprendizaje no se arregla sólo con enseñar a contar, o hacer una operación matemática a un estudiante que no ha podido hacerlo. El proceso educativo implica el desarrollo de competencias cognitivas, que, si no logran estabilizarse en la niñez, su logro en etapas posteriores se vuelve un trabajo mucho más complicado, e incluso, el efecto adverso podría ser irreversible.
Varias investigaciones han mostrado con anterioridad cómo varias muestras de jóvenes al ingresar a la universidad se encontraban en un nivel de competencias en lectoescritura y matemáticas similar al de alumnos de secundaria.
Y este fenómeno es más común de lo que se piensa cuando los estudiantes egresan de la preparatoria. Es decir, si ya se ha observado la necesidad de profundizar en la formación de los preparatorianos, el problema es mayor ahora, porque el potencial de la presente generación de educación básica está en riesgo.
Los efectos posteriores al confinamiento todavía están por emerger en su totalidad. Se entiende que el programa de estudio en casa no haya funcionado como se pretendía, pero la solución no está sólo en el hecho del retorno a clases presenciales, sino en el seguimiento de un programa de regularización cuidadosamente elaborado, de acuerdo a necesidades detectadas.
La no reprobación debe ser una política educativa, pero asegurando que se cumpla con los aprendizajes esperados.