Cada 2 de octubre recordamos la violencia de un Gobierno que decidió tratar a los estudiantes como enemigos. Señalar la responsabilidad estatal en Tlatelolco sigue siendo necesario, sobre todo después de tantos años de ocultamiento e impunidad. Pero me parece que hay una pregunta que debería acompañar esa denuncia: ¿Qué intereses defendían quienes ordenaron la represión?
Me preocupa que la consigna "Fue el Estado" pueda convertirse, en ocasiones, en una condena del Estado en abstracto. Como si sus instituciones fueran represivas por naturaleza y bastara con debilitarlas para vivir con mayor libertad. Porque satanizar al Estado puede terminar alimentando la desconfianza hacia todo lo público, mientras quedan fuera de la discusión los grupos y las relaciones de poder que orientaron su actuación.
En 1968, parte de la respuesta estaba en la relación del Gobierno mexicano con Estados Unidos. La Guerra Fría había convertido el anticomunismo en una justificación para vigilar y combatir a las izquierdas. La investigación de Jefferson Morley sobre Litempo documenta los vínculos de la CIA con Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y Fernando Gutiérrez Barrios. Esa red proporcionaba información sobre los adversarios del régimen y el movimiento estudiantil. La cercanía también llevó a la agencia a reproducir versiones oficiales que contribuían a proteger a las autoridades mexicanas de su responsabilidad por la matanza.
Los documentos del National Security Archive muestran que esa colaboración iba más lejos. La CIA financió al Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, conocido como MURO, cuyos integrantes hostigaban a estudiantes de izquierda. También subsidió la capacitación de Miguel Nazar Haro en Estados Unidos en 1965, a solicitud de Gutiérrez Barrios. En 1969, la agencia pagó a este último cuatro mil dólares para movilizar estudiantes que se sumaran a una manifestación del MURO frente a la embajada soviética.
Aquí me parece útil recuperar a Samir Amin. Para él, el fascismo puede convertirse, en determinadas crisis, en una salida para preservar el capitalismo mediante la eliminación de la democracia. Su argumento pone la atención en los grupos dominantes y en su disposición a respaldar soluciones autoritarias cuando sienten amenazada su posición.
Lo ocurrido en Chile ayuda a entenderlo. En 1970, Nixon ordenó a la CIA impedir que Salvador Allende asumiera la presidencia o crear las condiciones para derrocarlo. La política de desestabilización combinó operaciones clandestinas y presiones económicas contra un proyecto socialista que había llegado al Gobierno mediante elecciones. Entre las preocupaciones de Kissinger estaban las inversiones estadounidenses y el efecto que podía tener, en otros países, el éxito de un Gobierno socialista elegido democráticamente.
La democracia resultaba incómoda cuando abría la posibilidad de modificar la distribución de la riqueza y del poder. Desde esta perspectiva, el anticomunismo ayudó a justificar la defensa de intereses empresariales y de la hegemonía estadounidense, con el respaldo de fuerzas locales que también tenían privilegios que conservar.
Por eso creo que recordar el 2 de octubre también exige mantener viva la memoria de la injerencia estadounidense en América Latina. En la actualidad estamos ante una crisis económica y moral severa de los Estados Unidos que además encuentra una nueva potencia contrahegemónica con orientación socialista con el suficiente poder para desplazarlo; China. Sería ingenuo suponer que su declive lo vuelve menos peligroso, puesto que perder poder puede reforzar la tentación de recurrir a la fuerza. Pero esa memoria también debe dirigir nuestra mirada hacia dentro. Las intervenciones extranjeras encuentran aliados locales, y debemos examinar qué actores políticos, empresariales y mediáticos en México estarían dispuestos a respaldarlas, cómo intentarían justificarlas y qué esperarían ganar con ellas.
Propongo que recordar el 2 de Octubre nos debe llevar a no perder de vista tanto las ambiciones de Washington como los intereses de quienes podrían abrirles la puerta. La crisis del poder estadounidense no debe volver a pagarse con la violencia sobre nuestros pueblos ni convertirse en oportunidad para quienes buscan recuperar privilegios mediante el respaldo extranjero.
