El sociólogo canadiense Erving Goffman definió el “estigma”, en su obra clásica de 1963, como un atributo que desacredita al individuo y reduce a una persona entera a una mancha social.
En las fronteras del siglo XXI, ese estigma opera como sentencia previa. Antes de que el desplazado del Sur Global pronuncie su nombre o muestre sus heridas, el Estado receptor ya lo procesó bajo presunción de culpa.
Aunque la Convención de Ginebra de 1951 consagra el asilo como un derecho humano, hoy pedir refugio se administra como una falta policial. La retórica política en las capitales del Norte alimenta esta sospecha al vincular la migración con el crimen.
Sin embargo, la evidencia científica desmiente el miedo fabricado en las urnas. Los economistas Ran Abramitzky, de Stanford, y Leah Boustan, de Princeton, analizaron para el National Bureau of Economic Research los registros censales y carcelarios de Estados Unidos durante 140 años, de 1880 a 2020.
Su hallazgo no admite matices: Durante casi siglo y medio, los inmigrantes registraron tasas de reclusión inferiores a las de los ciudadanos nativos. Hoy, un inmigrante tiene 60% menos probabilidades de pisar una prisión que quien nació en suelo estadounidense.
Pese a los datos, la sospecha es hoy una industria multimillonaria. Según el centro de investigación TRAC de la Universidad de Siracusa, cerca del 70% de los detenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos carece de antecedentes penales.
Aun así, más del 90% permanece recluido en centros operados por corporaciones privadas como CoreCivic y GEO Group. Ambas empresas cotizan en Wall Street y facturan en conjunto más de 4,000 millones de dólares anuales, convirtiendo la espera legal en un jugoso negocio carcelario.
Este castigo preventivo jamás se aplica por igual a todos los cuerpos. La compasión internacional tiene aduana selectiva y filtra el dolor ajeno según el color de piel. La prueba quedó expuesta en febrero de 2022 tras la invasión a Ucrania.
La Unión Europea activó por primera vez su Directiva de Protección Temporal y otorgó residencia, permisos laborales y refugio inmediato a más de cuatro millones de desplazados ucranianos, según datos de ACNUR.
Fue una muestra ejemplar de solidaridad. No obstante, en esos mismos andenes de Leópolis y en el paso fronterizo de Medyka hacia Polonia, miles de los 76,500 universitarios africanos y surasiáticos matriculados en facultades ucranianas, que escapaban de los mismos bombardeos rusos, recibieron el trato opuesto. Jóvenes como la estudiante de medicina zimbabuense Korrine Sky denunciaron ante la prensa británica y la ONU cómo los guardias sacaban de las filas a los pasajeros negros a punta de fusil, alegando que los trenes eran exclusivos para ucranianos.
Mientras las familias blancas cruzaban al refugio, los estudiantes africanos quedaron retenidos a la intemperie bajo cero. El prejuicio se coló hasta en los micrófonos occidentales: El corresponsal de la cadena CBS, Charlie D'Agata, tuvo que disculparse tras declarar en vivo desde Kiev que aquello no era Irak ni Afganistán, sino una ciudad "relativamente civilizada y europea".
Cinco meses antes, en septiembre de 2021, el mundo presenció el reverso exacto en Del Río, Texas. Cuando más de 14,000 haitianos acamparon bajo el puente internacional pidiendo asilo tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y el colapso de su país, no encontraron estaciones abiertas.
Agentes fronterizos a caballo arremetieron contra hombres y mujeres negros que cruzaban el río Bravo con comida para sus hijos, usando las riendas como látigos antes de expulsar a más de 8,000 personas en vuelos masivos, sin permitirles exponer sus casos ante un juez.
Con esa deportación sumaria, Washington pisoteó su propia Ley de Refugiados y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que prohíbe devolver a cualquier persona a un país donde peligre su vida, lo que provocó la renuncia de Harold Hongju Koh, exdecano de Derecho en Yale y principal asesor jurídico del Departamento de Estado.
La misma violencia tiñó de sangre la valla entre Nador (Marruecos) y Melilla (España) el 24 de junio de 2022, donde al menos 23 jóvenes africanos, en su mayoría refugiados del conflicto en Sudán, murieron aplastados o golpeados por fuerzas de seguridad al intentar pisar suelo español.
Ese episodio se suma a los más de 30,000 migrantes muertos o desaparecidos en el Mediterráneo desde 2014, documentados por la Organización Internacional para las Migraciones. Como advirtió E. Tendayi Achiume, entonces Relatora Especial de la ONU contra el racismo, las fronteras modernas operan bajo una jerarquía racial implacable.
Un cadáver en la valla de Melilla y un estudiante africano bajado de un tren en Polonia cuentan la misma historia. Habitamos un orden global donde el capital financiero y las mercancías cruzan los continentes sin Visa, mientras los seres humanos del Sur son tratados como contrabando.
Las democracias occidentales no temen que el migrante viole la ley; temen que les exija cumplir los derechos universales que ellas mismas redactaron. Cuando la compasión exige ojos claros y el asilo se administra con grilletes, la frontera deja de ser un límite geográfico para convertirse en el último apartheid legal de nuestro tiempo.
