Miguel Pérez Jr. vistió el uniforme militar estadounidense y patrulló Afganistán. Entregó su juventud a una bandera que lo aceptó para la guerra, pero lo catalogó como residente temporal en la paz. Al regresar con estrés postraumático, un error penal lo arrastró a prisión y a la deportación. En 2018, la nación por la que derramó sangre lo expulsó a México. Tras un indulto y una batalla legal, logró regresar en 2019 para jurar lealtad y obtener su naturalización. La ciudadanía dual y sus dos pasaportes no son para él un privilegio de viajero. Son la cicatriz de haber sido extranjero en la tierra por la que casi muere y forastero en el país donde nació. Es el exilio emocional en dos libretas.
El orden global impone una fórmula absurda: Quien cruza una frontera para sobrevivir entra en un mundo que usa sus manos, pero silencia su voz. Los migrantes, con documentos o sin ellos, incluso cuando son residentes autorizados y carecen de derecho al voto, pagan impuestos donde no pueden decidir y envían remesas a un país donde ya no viven. Según el Banco Mundial, en 2023 los trabajadores migrantes enviaron 656,000 millones de dólares a países de ingreso mediano y bajo, financiando estados que apenas los reconocen. En la metrópoli donde trabajan y tributan, sus impuestos pavimentan calles, sostienen servicios y financian gobiernos que les niegan el derecho a elegir a quienes los gobiernan. Al mismo tiempo, remiten el fruto de su sudor a su país natal, apuntalando el PIB de una nación por cuyas calles ya no caminan. Habitan así una tierra de nadie, condenados a financiar dos estados y a no pertenecer plenamente a ninguno.
El sociólogo argelino Abdelmalek Sayad definió esta herida como la doble ausencia. El individuo desaparece de su comunidad nativa y resulta marginado cívicamente en su nueva casa. El escándalo británico "Windrush" ilustra esta tragedia a la perfección. Paulette Wilson llegó de Jamaica en 1968 a los diez años de edad. Cotizó durante décadas y trabajó como cocinera en el propio Parlamento en Londres. Sin embargo, en 2017 el Estado la clasificó como inmigrante ilegal y la encerró bajo amenaza de deportación a una isla ajena. Le exprimieron su vida productiva para luego intentar borrar su existencia cívica.
A los descendientes de la diáspora turca en Alemania, trabajadores que levantaron la economía de la posguerra, el Estado les exigió una lealtad exclusiva. Al cumplir veintitrés años, los jóvenes nacidos en Berlín debían elegir entre el pasaporte de sus padres o el alemán. Recién en 2024, impulsado en parte por una escasez de mano de obra estimada en 400,000 trabajadores anuales, el parlamento aprobó una reforma que normaliza las ciudadanías múltiples. Comprendieron tardíamente que el compromiso con la tierra adoptiva y la natal no son excluyentes.
En 1998, el Gobierno de México modificó su Constitución para permitir la conservación de la nacionalidad frente a la naturalización extranjera. Fue una maniobra para proteger a su inmensa diáspora de políticas xenófobas. Sin embargo, otorgó el documento y retuvo el poder. Durante las elecciones presidenciales mexicanas de 2024, de los más de 10 millones de ciudadanos nacidos en México que residen en Estados Unidos, el Instituto Nacional Electoral reportó que menos de 200,000 lograron registrarse exitosamente para votar. El derecho político desde el exterior sigue siendo un ejercicio de agotamiento burocrático para muchos e imposible para otros.
El mercado global perdona todo menos la pobreza. Para el trabajador, un segundo pasaporte implica décadas de escrutinio. Para la élite financiera, la nacionalidad es un trámite de mostrador. La industria global de la ciudadanía por inversión alcanzó un valor estimado de 21,000 millones de dólares en 2023. En este bazar, jurisdicciones como Malta o Vanuatu emiten pasaportes en meses a cambio de cientos de miles de dólares. El comprador adquiere exenciones fiscales y movilidad global sin pisar las calles de su nueva patria. El migrante sangra para pertenecer, mientras el millonario solo tiene que deslizar una tarjeta de crédito.
El sistema expulsa al ciudadano dos veces. Primero lo obliga a migrar por falta de oportunidades y luego le niega la voz política. El Estado celebra las remesas, pero silencia a los individuos que envían ese dinero. La democracia se convierte así en un privilegio geográfico y de clase. Al final, el desterrado no padece de una lealtad dividida. Sufre de una lealtad multiplicada que los tribunales y los mercados se niegan a asimilar.
