En 1924, Benito Mussolini no usurpó el poder en las sombras; lo conquistó a plena luz del día. Su Lista Nacional acababa de arrasar en las elecciones de abril con el 64.9 % de los votos. Cuando el diputado Giacomo Matteotti se levantó en el Parlamento para denunciar que el triunfo fascista era fruto del fraude y la violencia, la mayoría prefirió mirar hacia otro lado. Días después, Matteotti fue asesinado por matones del régimen. La apatía de una sociedad dispuesta a entregar su libertad a cambio de la ilusión del "orden" le dio a Mussolini un cheque en blanco para desmantelar la oposición e instaurar el totalitarismo. Tuvieron que pasar dos décadas, una represión implacable y una guerra mundial para que Italia aceptara que el diputado asesinado tenía razón.
Los tiranos rara vez irrumpen con tanques; casi siempre entran caminando sobre las urnas. Hoy, esa servidumbre voluntaria amenaza con repetirse. Si Mussolini asfixió la democracia italiana amparado por un 65% del electorado, el actual presidente estadounidense impulsa su asalto institucional respaldado por una devoción política implacable. A pesar de subvertir las normas constitucionales, alta inflación, corrupción y acciones militares impopulares, aún mantiene el apoyo férreo de 38.8% de los votantes (julio 2026) y mínimas mayorías en ambas cámaras del Congreso.
En el poder, la voluntad popular es el primer obstáculo del autócrata. Durante su mandato, Donald Trump impuso políticas contra el consenso ciudadano. En 2017 promulgó una reforma fiscal rechazada por la mayoría (Gallup, Pew) y en 2019 evadió al Congreso con una emergencia nacional para financiar el muro fronterizo, maniobra repudiada por el 60% del electorado (Quinnipiac, NPR). El autoritarismo moderno demuestra que no se requiere mayoría para destruir una república: Basta una base radicalizada dispuesta a perdonar los excesos de su líder para aplastar al adversario. Hoy, las lecciones de la historia retumban con escalofriante vigencia
en Estados Unidos, los Matteotti de hoy no son solo individuos, sino instituciones. Los contrapesos de poder, la imparcialidad judicial y la confianza electoral están siendo "asesinados" a la vista pública. Y al igual que en la Italia de 1924, este desmantelamiento no ocurre mediante un golpe militar, sino bajo el aplauso de ciudadanos que celebran la derrota de sus rivales políticos, ignorando que están destruyendo su propio sistema. Esta destrucción es impulsada por una polarización extrema donde el autoritarismo es aceptable siempre y cuando vista los colores de nuestro bando. Hemos validado una hipocresía peligrosa: Si el autócrata es nuestro, aplaudimos sus excesos como medidas necesarias; pero si el rival amenaza con ganar, justificamos cualquier extremo para destruirlo. El odio al contrario ha superado el respeto al sistema.
La autocratización es una realidad comprobable. Según el informe de 2026 del Instituto V-Dem, el nivel de democracia mundial retrocedió a los estándares de 1978 y 44 países sufren hoy un declive acelerado. A la par, el Índice de Democracia 2025 de The Economist Intelligence Unit confirmó que Estados Unidos cayó al puesto 34 en el mundo. Las repúblicas modernas ya no mueren por golpes de Estado, sino por asfixia institucional provocada desde el poder.
En Estados Unidos, el autoritarismo avanza montado en la polarización: Un bando perdona cualquier abuso si el líder viste sus colores. Desde su toma de posesión en 2025, el presidente aceleró el asalto contra los contrapesos democráticos. La retórica oficial reafirmó a la prensa independiente como "enemiga del pueblo", legitimando la hostilidad contra las voces críticas. A finales de 2025, reportes documentaron a cientos de individuos e instituciones que enfrentaban represalias de agencias gubernamentales por oponerse al oficialismo. Además, el Ejecutivo ha incurrido en acciones abiertamente anticonstitucionales, como la reasignación unilateral de fondos sin aprobación del Congreso (una violación directa al Artículo I y la presión documentada sobre funcionarios estatales para alterar el conteo de votos, vulnerando la soberanía electoral de los estados.
Peor aún, la investidura presidencial se ha transformado en un negocio sin precedentes. Las declaraciones financieras hechas públicas en julio de 2026 evidencian que la familia presidencial reportó más de 1,200 millones de dólares en ingresos vinculados a nuevos proyectos de criptomonedas y licencias comerciales. Esta cifra fulmina la frontera ética entre el servicio público y el lucro privado. Al representar un conflicto de interés directo, esta práctica desafía frontalmente la Cláusula de Emolumentos de la Constitución.
Para consolidar el control ante las elecciones intermedias de 2026, el Ejecutivo intenta desmantelar el sistema electoral. En marzo de 2026, el presidente firmó una orden ejecutiva para someter a dependencias federales, como el Servicio Postal, e imponer barreras directas al voto por correo y al registro de votantes. El objetivo central no es prevenir fraudes, sino crear un andamiaje institucional centralizado para desconocer cualquier derrota.
Estas acciones desde la cima del poder han normalizado la violencia política. El informe de la iniciativa Bridging Divides de la Universidad de Princeton demostró que la violencia política selectiva en Estados Unidos aumentó un 30% entre 2024 y 2025, mientras que las amenazas contra legisladores crecieron un 58%. El odio al adversario sustituyó al debate civil.
Además de las agredidas instituciones, hoy existen en Estados Unidos muchos Matteottis: Jueces, periodistas, trabajadores electorales y ciudadanos dispuestos a denunciar los abusos. No obstante, las reglas básicas de convivencia institucional están rotas. Las elecciones venideras no resolverán la crisis, sino que detonarán un choque inevitable. De ese impacto dependerá si la Constitución sobrevive o si la democracia estadounidense termina asfixiada bajo el aplauso ciego de sus propios representantes.
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