Mientras los discursos oficiales celebran la llegada de nuevas inversiones, en los valles agrícolas del Yaqui y Mayo, en las maquilas y en las colonias populares, las mujeres siguen cargando con el costo invisible del desarrollo económico: Jornadas extenuantes, falta de estancias infantiles en horario flexible, escasez de agua que golpea primero a los hogares y una crisis de cuidado generalizada que las deja agotadas.
Sin embargo, en el discurso político, hablar de sostenibilidad suele reducirse a métricas de litros cúbicos de captación en presas o planes hídricos, megavatios generados de energía solar, recuperación de espacios recreativos, electrolineras o transporte público eléctrico. Se ignora de manera sistemática que los recursos naturales y el territorio son atravesados por profundas brechas de género.
Por ejemplo, cuando fallan las redes de suministro de agua o electricidad, como ocurre en decenas de colonias sonorenses, o cuando la contaminación de un río vulnera la salud comunitaria, la carga del cuidado recae abrumadoramente sobre las mujeres. Son ellas quienes multiplican horas de esfuerzo para acarrear líquido, prevenir emergencias por golpes de calor y deshidratación, lidiar con enfermedades estomacales y/o reajustar su economía doméstica pulverizada por el desempleo y la inseguridad de su entorno.
Tanto en zonas rurales como urbanas, la promesa del desarrollo económico coexiste con un trabajo precario (ej. mal pagado, inestable y/o sin prestaciones sociales de ley) y una carencia de infraestructura de cuidados (ej. espacios físicos, servicios públicos y redes de apoyo para atender las necesidades de la sociedad). Esta realidad impide que muchas mujeres se integren a la economía en igualdad de condiciones, lo que resultar limitante para su autocuidado y sus aspiraciones personales, ya que recae sobre ellas la responsabilidad del cuidado de sus familias (ej. infantes, niñas, niños y adolescentes, y personas adultas mayores).
Los datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) del INEGI (2022) revelan una profunda brecha: El 75.1% de las personas cuidadoras son mujeres, frente al 24.9% de hombres. Incluso cuando ellos asumen el rol de cuidador principal, las asimetrías persisten: Mientras una mujer dedica en promedio entre 5 y 6 horas diarias a estas labores, un hombre destina 4 horas, lo que confirma que el peso de los cuidados sigue recayendo de manera desigual en el tiempo y el cuerpo de las mujeres.
Vivimos en una realidad donde la economía funciona bajo la falsa premisa de que los recursos naturales nunca se agotan y el tiempo de las mujeres no tiene valor; por ello se sobreexplota al territorio y el cuerpo de quienes sostienen la vida y nos cuidan. Sin embargo, la sostenibilidad no debe ser una condena al agotamiento, sino una tarea que compartamos entre todos.
Si las políticas públicas ignoran que las mujeres son las principales administradoras y protectoras del tejido comunitario y del territorio, cualquier plan de desarrollo perderá efectividad. Si nuestro estado aspira a un futuro sostenible, no debemos olvidar que el verdadero desarrollo no se mide por cuántos megaproyectos se instalen, cuántas toneladas de trigo se exporten o cuántos megavatios de energía "verde" se produzcan, sino por quiénes sostiene ese peso y a qué costo humano lo hacen.
