Jóvenes desaparecidos
Por: Gerardo Armenta
Como es constancia general, el caso Ayotzinapa se mantiene como quizá uno de los más difíciles para la cabal gobernabilidad del país. El problema es que con esa denominación se alude en principio a hechos ocurridos en Iguala en 2014. Es decir, hace 10 años. A pesar del tiempo transcurrido, no hay todavía una definición contundente sobre lo ocurrido a 43 jóvenes estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa.
La evidencia existente desde entonces es que ese grupo de jóvenes fue desaparecido en una maraña de circunstancias y responsabilidades personales e institucionales que terminó por impedir el cabal esclarecimiento del lamentable episodio ocurrido en Iguala en la noche del 26 al 27 de septiembre de hace una década. Desde entonces estaría en pie una búsqueda para dar con el paradero de los jóvenes.
Por la gravedad de su trama, la historia del caso es ampliamente conocida por la opinión pública prácticamente en todos los pormenores que han trascendido hasta ahora. Sin embargo, lo cierto es que siempre se ha sospechado que todavía no se conoce del todo lo que verdaderamente ocurrió y con cargo a quién o quiénes en la públicamente conocida también como la noche de Iguala, una noche dramáticamente infernal, como debe ser posible inferirlo.
En un contexto como el anterior, necesariamente resumido por tratarse de hechos suficientemente conocidos por la opinión pública, se asumió que el Gobierno Federal actual llevaría hasta el final la investigación respectiva. Tal esperanza parecería que se ha diluido a partir de lo ocurrido recientemente en la capital del país cuando un grupo de estudiantes de Ayotzinapa violentó una de las céntricas puertas de Palacio Nacional. Desde antes de ese dramático suceso al parecer existía la posibilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reuniera con los padres de los 43 normalistas desaparecidos, pero sin sus abogados. Los padres de familia no aceptaron esta condición.
¿Qué pasará al respecto? Debe resultar complicado formular consideraciones definitivas. La verdad es que la situación a que se alude se ha tensado una vez más. Por si algo hiciera falta en esta trama, el jueves por la noche un estudiante de Ayotzinapa fue abatido a balazos por la policía en un retén ubicado en Chilpancingo. Esta es una especie de lamentable fatalidad que no ayuda en nada a despejar definitivamente los diversos y violentos pormenores de lo ocurrido en Iguala hace una década. Por lo visto, siempre existió la posibilidad de esclarecer lo sucedido a partir de las detenciones de una serie de reales o presuntos implicados en los hechos.
Pero acaso hoy valga considerar que las autoridades no disponen de muchos asideros para sostener, llevar a cabo o concluir una frontal y verídica investigación sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Aquí lo reprochable es el tiempo que se ha dejado pasar desde que ocurrieron los hechos y se empezó a investigar. Un poco como si se tratara de una novela o una película, oficialmente se dio por establecer una denominada “verdad histórica” para finiquitar el caso de Ayotzinapa.
Sin embargo, la verdad es que nadie cree en esa verdad. Lo paradójico es que quien la postuló y la defendió hasta donde pudo, fue Jesús Murillo Karam, el procurador que investigó el caso durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sabe qué verdad histórica o no haya investigado Murillo Káram, porque, en el colmo de lo que puede asumirse como un contrasentido, él mismo fue remitido a prisión, donde hoy se encuentra en calidad de prisionero. Delicado de salud, desde su confinamiento no ha hecho mayor aportación para resolver el caso más que aquella que le hace atenerse a la verdad histórica.
Es preciso asumir que a menudo una verdad histórica suele ser la menos creíble de cuantas se quisieran invocar. Eso está demostrado históricamente hablando. A la hora de la hora, lo que verdaderamente importa es terminar de esclarecer lo ocurrido en la noche de Iguala. Y asumir frontalmente lo que verdaderamente debió ocurrir con la fatídica desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Mientras tanto, queda en claro una vez más la dificultad que siempre ha entrañado en un país como el nuestro despejar averiguaciones sobre hechos que es propio asumir como verdaderas desgracias o tragedias. Es común que, ante episodios de esta naturaleza, los propósitos por esclarecerlos sólo se proclaman y los esfuerzos respectivos pocas veces se concretan en la inmediatez rutinaria o histórica.
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