La decisión de la Suprema Corte trata específicamente de una legislación de Coahuila que no habrá de impactar en las leyes de otras entidades sino hasta que en cada una de ellas se modifiquen los códigos penales
Un gran caudal de comentarios, en pro o en contra, ha causado la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar inconstitucional que el estado de Coahuila sancione con pena de uno a tres años de prisión a la mujer que decide tener un aborto.
Sin duda, se trata de un tema de alta controversia ante la gran diversidad de pensamientos de un país que, como el mexicano, ha sido educado con una doble moral al escandalizarse cuando una mujer, orillada por algunas circunstancias, decide no tener a su bebé, pero se calla cuando quien embarazó a esa mujer se trata de un político, un funcionario e incluso, sin exageraciones, de un sacerdote.
Y no hay que escandalizarse por ello porque los tiempos han traído consigo nuevas formas de convivencia en todas las áreas del quehacer público y privado de la sociedad y lógicamente el país debe irse adaptando a esas circunstancias sin perder de vista, por supuesto, la moralidad y honestidad con que cada quien debe conducirse.
Para empezar, debe decirse sobre la decisión de la Suprema Corte que se trata específicamente de una legislación del Estado de Coahuila que no habrá de impactar directamente en las leyes de otras entidades sino hasta que en cada una de ellas se modifiquen los códigos penales que, al momento, sancionan la práctica del aborto según la óptica de cada estado en particular.
Según los expertos, sin embargo, la decisión legal asumida por la Corte significa un mensaje para el resto del país, a fin de que se evite criminalizar a las mujeres que interrumpen un embarazo no deseado.
En el país, actualmente cuatro entidades tienen despenalizado el aborto hasta las doce semanas de gestación: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. En las 28 entidades restantes los códigos penales establecen sanciones para la interrupción del embarazo, de acuerdo a datos de los analistas del tema.
No es que por la despenalización todas las mujeres vayan por la vida practicándose abortos porque ninguna mujer, sobre todo en una sociedad tan “mocha”, como se dice coloquialmente, está educada para esa práctica sino que, por el contrario, el castigo por ese hecho provoca que las mujeres recurran a métodos inseguros y riesgosos para su vida.
Hay fundamentos para decir que en los países que permiten el aborto, bajo ciertas circunstancias bien explicadas, la incidencia y complicaciones por un aborto inseguro son menores que en lugares donde se prohíbe su práctica.
Las consecuencias de esta jurisprudencia para Coahuila, a partir de la cual toda mujer puede solicitar un amparo cuando se le intente criminalizar por prácticas de aborto, abarcarán a todo el país cuando las entidades cambien sus leyes, y por lo tanto se deben preparar no solamente los aspectos legales sino la atención psicológica para proteger tanto a la madre como al embrión.
Debe el gobierno garantizarle a las mujeres un acceso a los servicios de salud que sea en forma igualitaria para ricas y pobres; que haya trato digno para ellas y que si hay condiciones de embarazos no deseados, no se convierta en algo discriminatorio ni de falta de respeto a sus derechos humanos.
Y debe la sociedad garantizar respeto a quienes tomen una decisión que no a todos les parezca adecuada, a fin de que las mujeres no sean hostigadas, maltratadas o relegadas en el seno familiar o social.
Todo eso no es tarea sencilla. Son años de vivir bajo ciertas conductas, pero finalmente esas inercias deben superarse para garantizar por igual para hombres y mujeres una convivencia pacífica que lleve a una sociedad cada vez mejor.
Con eso ya estaremos del otro lado del río.
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