Un juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York ha declarado ilegal la política de la administración del expresidente Donald Trump que suspendía la emisión de visas de residencia permanente para ciudadanos de 75 países. La resolución determina que esta medida excedía las facultades del secretario de Estado, Marco Rubio.
Impacto de la decisión judicial
La decisión judicial pone freno a una restricción que afectaba a aproximadamente el 40 por ciento de las naciones a nivel global y reabre el proceso legal para miles de solicitantes interesados en residir en Estados Unidos, ya sea mediante peticiones familiares o laborales.
Esta política se instauró en enero de 2026 a través de una directiva del Departamento de Estado, que suspendió los trámites de residencia permanente, aunque las visas temporales para turismo y estudio no se vieron afectadas.
La administración justificó la medida con el argumento de prevenir el ingreso de personas consideradas como una posible "carga pública" para el Estado.
Los 75 países mencionados en la directiva incluyen naciones de América, África, Asia, Europa y Oceanía, siendo algunos de ellos Antigua y Barbuda, Argelia, Afganistán, Bielorrusia y Fiyi.
La política había generado considerables preocupaciones entre aquellos cuyas solicitudes fueron congeladas, incluyendo familias separadas y profesionales con ofertas de empleo en Estados Unidos.
Justificación de la política de visas
La jueza Jeannette A. Vargas calificó la instrucción como "manifiestamente ilegal", argumentando que violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que prohíbe la discriminación por nacionalidad en la concesión de visas.
En su fallo, la jueza subrayó que la legislación no otorgaba al secretario de Estado la facultad de anular el criterio de los funcionarios consulares, quienes deben evaluar cada solicitud de visa de manera individual, tomando en cuenta factores como las finanzas, la salud y las habilidades de los solicitantes.
El litigio que culminó en esta resolución fue impulsado por varias organizaciones civiles, entre ellas la Red Católica de Inmigración Legal y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, en colaboración con ciudadanos estadounidenses e inmigrantes afectados.
Durante el juicio, aunque el Departamento de Justicia defendió la suspensión basándose en precedentes de restricciones de viaje, el juez estableció que estos casos se referían a la regulación de la entrada al país, no a la suspensión de la emisión de visas.
Próximos pasos tras el fallo
El fallo exige que el Departamento de Estado reanude la evaluación individualizada de las solicitudes de visa. Las partes involucradas deberán presentar sus propuestas sobre el manejo de los casos pendientes antes del 11 de septiembre, y el Departamento de Justicia retiene el derecho de apelar ante una corte superior.
