Luiz Inácio Lula da Silva, mandatario del país carioca, anunció este viernes la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo Brasil, una decisión que llega apenas nueve días antes de las elecciones presidenciales y legislativas.
El decreto, anunciado en São Paulo, contempla las llamadas bets y también la publicidad relacionada con estas plataformas, aclarando que la disposición tendrá efectos una vez publicada en el Diario Oficial, aunque su permanencia dependerá de la aprobación del Congreso en un plazo máximo de 120 días.
Paralelamente, el Ejecutivo enviará al Legislativo un proyecto de ley en calidad de urgente para incorporar sanciones penales contra quienes promuevan o participen en actividades de apuestas ilegales.
COMBATE A LAS APUESTAS
El mandatario sostiene que la expansión de estas plataformas ha contribuido al endeudamiento de los hogares brasileños y ha afectado especialmente a sectores de menores ingresos. Días atrás, incluso comparó el avance de las apuestas con la llegada del crack al país.
Las apuestas deportivas y los casinos digitales habían alcanzado una enorme penetración en Brasil: datos oficiales citados por EFE señalan que alrededor de 25 millones de brasileños realizaron apuestas durante 2025, movilizando unos 220 mil 600 millones de reales, equivalentes a alrededor de 42 mil 500 millones de dólares. Actualmente, 85 empresas operaban legalmente en el país.
EL BRASILEIRAO RESPONDE
La decisión también abrió un frente con el futbol brasileño, clubes como Flamengo y Palmeiras habían advertido que una prohibición representaría un fuerte golpe para sus finanzas, debido a los ingresos derivados de patrocinios y publicidad de las casas de apuestas.
De acuerdo con estimaciones citadas en reportes sobre el sector, los equipos de primera división masculina reciben más de mil millones de reales al año en patrocinios vinculados con estas compañías.
El gobierno enfrenta además el reto de evitar que la prohibición termine desplazando a los usuarios hacia plataformas clandestinas.
La industria y representantes del futbol han advertido que el veto podría fortalecer el mercado ilegal, mientras que el Ejecutivo busca endurecer las herramientas legales para combatirlo. La medida representa así un cambio drástico para un sector que fue legalizado en años anteriores y posteriormente regulado durante el propio gobierno de Lula.
