La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció nuevas normas de conducta para las escuelas públicas del país, que contemplan la expulsión de estudiantes involucrados en casos graves de violencia, así como restricciones al uso de maquillaje, uñas pintadas, cabello largo o teñido y dispositivos electrónicos en las aulas.
"Tenemos que entender que hay límites, que hay derechos pero también obligaciones", señaló la mandataria al presentar las medidas, con las que busca recuperar el orden en los centros educativos y atender los casos de bullying, acoso sexual y agresiones entre estudiantes.
Fujimori explicó que las disposiciones serán sometidas a las aportaciones de la sociedad civil antes de entrar en vigor. Además, contemplan sanciones y amonestaciones proporcionales a la gravedad de las faltas.
EXPULSIONES POR CASOS GRAVES DE VIOLENCIA
La presidenta advirtió que su gobierno no permitirá agresiones contra estudiantes ni otros integrantes de la comunidad educativa. También pidió a los alumnos denunciar cualquier situación de acoso ante las autoridades escolares.
En los casos correspondientes, los responsables serán puestos a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional, indicó.
Por su parte, el ministro de Educación, José Antonio Chang, confirmó que los planteles públicos también deberán aplicar disposiciones sobre la presentación personal de los alumnos.
Las reglas contemplan restricciones al maquillaje, el pintado de uñas y el cabello excesivamente largo o teñido, además de establecer criterios para el largo de las faldas escolares.
El uso de celulares y otros aparatos electrónicos estará prohibido durante las clases, salvo cuando exista autorización del docente. Las instituciones privadas podrán establecer sus propias normas internas de presentación.
CASO DE VIOLENCIA DESATÓ LA POLÉMICA
El anuncio ocurre después de la indignación generada en Perú por la denuncia de una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años, atribuida a compañeros durante un viaje en autobús escolar.
Por este caso, un juzgado de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes vinculados con el colegio Liceo Naval Almirante Guise, administrado por la Marina de Guerra.
Los implicados fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.
El caso también propició nuevas denuncias de acoso y violencia en escuelas peruanas. Como respuesta, el gobierno ordenó reorganizar el plantel y transferir su administración al Ministerio de Educación hasta el próximo año.
