Una migrante colombiana decidió salir voluntariamente de Estados Unidos junto con sus hijos para evitar que enfrentaran un proceso de detención migratoria. Sin embargo, al llegar a su país descubrió que su salida tuvo consecuencias legales que, asegura, nunca le fueron explicadas por las autoridades estadounidenses: un castigo migratorio que le impide regresar durante 10 años.
Se trata de Yarlidis Goez-Santos, quien afirma que tomó la decisión convencida de que la autodeportación no afectaría su futuro ni el de su familia.
QUIÉN ES YARLIDIS GOEZ-SANTOS
Yarlidis Goez-Santos es una ciudadana colombiana que llegó a Estados Unidos hace tres años junto con su esposo y sus hijos. La familia ingresó por la frontera de El Paso, Texas, donde solicitó asilo en busca de seguridad y estabilidad.
Dos de sus hijos nacieron en territorio estadounidense y cuentan con la ciudadanía de ese país, un factor que influyó en muchas de las decisiones que tomó la madre para protegerlos.
LAS RAZONES DETRÁS DE LA AUTODEPORTACIÓN
Las solicitudes de asilo de Goez-Santos y de su esposo fueron rechazadas durante la administración del presidente Donald Trump. Posteriormente, su esposo fue detenido y deportado, quedando ella sola a cargo de sus hijos.
Ante el temor constante de ser arrestada y de que sus hijos vivieran una experiencia traumática en centros de detención migratoria, Yarlidis optó por abandonar Estados Unidos de manera voluntaria.
Su intención, asegura, era preservar el bienestar emocional de sus hijos y evitar una separación forzada.
USO DE LA APLICACIÓN CBP HOME
Para concretar su salida, la migrante utilizó la aplicación CBP HOME, una herramienta promovida por el gobierno estadounidense para que las personas migrantes puedan salir del país de forma voluntaria.
Según relató, cuando se comunicó con las autoridades le aseguraron que no enfrentaría sanciones futuras. El 2 de diciembre se presentó junto con sus hijos en una oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Tucson, Arizona, donde completó el proceso de entrega voluntaria.
EL CASTIGO MIGRATORIO QUE NO ESPERABA
Ya en Colombia, Yarlidis revisó los documentos que le entregaron las autoridades y descubrió que tenía prohibido reingresar a Estados Unidos durante una década.
La mujer sostiene que nunca fue informada de esta sanción y que, de haberlo sabido, habría buscado otras opciones legales para permanecer en el país o proteger a sus hijos.
Su plan inicial era presentar una nueva solicitud de asilo, confiando en que el hecho de tener hijos ciudadanos estadounidenses podría jugar a su favor.
PROMESA DE APOYO ECONÓMICO QUE NO SE HA CUMPLIDO
Goez-Santos también denunció que no ha recibido los mil dólares que la administración Trump prometió a las personas que optaran por la autodeportación.
Explicó que durante varios días intentó comunicarse con las autoridades migratorias sin obtener respuesta. Finalmente, le solicitaron una identificación colombiana para procesar el pago, el cual hasta ahora sigue pendiente.
¿PUEDE APELAR LA SANCIÓN?
La migrante señaló que buscará asesoría legal para determinar si es posible apelar el castigo migratorio que le fue impuesto. En Estados Unidos existe una ley federal que contempla sanciones de hasta 10 años sin reingreso para personas que hayan permanecido de forma irregular en el país.
Yarlidis insiste en que su caso evidencia la falta de información clara para quienes deciden utilizar programas de autodeportación y abre dudas sobre las verdaderas consecuencias de estos mecanismos promovidos por las autoridades.
