Un juez federal de Estados Unidos ordenó al gobierno de Donald Trump mantener el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca mientras continúa el proceso judicial iniciado por los medios contra las restricciones impuestas a sus periodistas.
La resolución del juez Tim Kelly considera que la exclusión de estas organizaciones periodísticas podría vulnerar la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege, entre otros derechos, la libertad de expresión y de prensa, informó CNN.
El magistrado sostuvo que las propias declaraciones del presidente ofrecen indicios de que la revocación de las acreditaciones estuvo relacionada con el contenido de las publicaciones de los medios afectados.
De acuerdo con Kelly, existe una probabilidad de que Trump haya tomado la decisión porque considera que la cobertura de estas organizaciones es inexacta y desfavorable hacia su administración. Para el juez, estos comentarios respaldan el argumento de que la medida fue una represalia contra el ejercicio de la labor periodística.
GOBIERNO NO ACREDITÓ RAZONES DE SEGURIDAD
Durante el procedimiento, el Departamento de Justicia defendió la actuación de la administración republicana. Sin embargo, Kelly señaló que no encontró pruebas que demostraran que la revocación de los permisos respondiera a motivos de seguridad nacional, como argumentó la defensa gubernamental.
El juez, quien fue designado por Trump durante su primer mandato, consideró que los elementos presentados apuntan a una posible discriminación basada en las opiniones y el trabajo informativo de los medios.
La decisión amplía los argumentos de una resolución previa en la que el magistrado ordenó restablecer las acreditaciones debido a que las organizaciones no habrían recibido una notificación adecuada sobre las reglas que justificaban la retirada de sus permisos.
LA DISPUTA JUDICIAL CONTINUARÁ
La nueva orden mantiene abierta la posibilidad de que CNN, MS NOW y Politico continúen accediendo a la sede presidencial mientras avanza el litigio.
Al mismo tiempo, la resolución prepara el terreno para una posible apelación por parte del gobierno de Trump, que busca defender las medidas adoptadas contra los medios.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre la Casa Blanca y la prensa, así como los límites que tiene el gobierno para restringir el acceso de periodistas a espacios oficiales en respuesta a coberturas que considera desfavorables.
