Un ataque israelí en el sur del Líbano dejó tres periodistas muertos, entre ellos Ali Shuaib, reportero de la cadena Al Manar, vinculada a Hezbollah. El incidente ha generado fuertes condenas internacionales y renovado el debate sobre la protección de la prensa en zonas de conflicto.
Según Al Manar, Shuaib falleció cuando el vehículo en el que viajaba fue alcanzado por un ataque directo. Israel, por su parte, lo acusó de ser un "terrorista" que operaba bajo la fachada de periodista y que presuntamente revelaba posiciones militares israelíes. La cadena lo describió como un "icono de los medios de la resistencia".
CRECEN LAS ACUSACIONES DE ATAQUES CONTRA LA PRENSA
En el mismo ataque murieron también los hermanos Fatima y Mohammad Ftouni, periodistas del medio Al Mayadeen. La presidencia libanesa calificó el hecho como un "crimen flagrante", señalando que se trata de una violación del derecho internacional humanitario al atacar civiles en ejercicio de su labor.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informó que investiga lo ocurrido y reiteró que los periodistas no deben ser considerados objetivos militares. Además, denunció un "patrón inquietante" en el que Israel acusa a comunicadores de participar en actividades armadas sin presentar pruebas concluyentes.
El ministro de Información del Líbano, Paul Morcos, anunció que el gobierno presentará una queja formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU, calificando el ataque como un "crimen de guerra deliberado".
TESTIMONIOS QUE REFLEJAN EL IMPACTO DEL ATAQUE
Tras el bombardeo, imágenes difundidas por Al Mayadeen mostraron la magnitud de la destrucción. Un colega de las víctimas, Jamal Al-Gharabi, relató la escena frente al vehículo calcinado y cuestionó la efectividad de las protecciones para la prensa.
"Este chaleco debía proteger a mis colegas", dijo, mostrando un chaleco antibalas con la palabra "prensa". Sus declaraciones reflejan la vulnerabilidad de los periodistas en medio de la creciente ofensiva de Israel contra Hezbollah en la región.
El ataque revive preocupaciones sobre la seguridad de los comunicadores en zonas de guerra, donde, pese a las normas internacionales, continúan expuestos a riesgos extremos.
