El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de ser identificado como prófugo de la justicia mexicana por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con reportes, la captura ocurrió en territorio estadounidense, donde el empresario se encontraba sin estatus legal, lo que permitió su aseguramiento por parte de autoridades migratorias.
ES REQUERIDO POR LA JUSTICIA MEXICANA
Las autoridades mexicanas mantienen una orden de aprehensión contra Rafael Zaga Tawil, derivada de investigaciones relacionadas con un presunto desfalco millonario al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el empresario y su hermano han sido señalados por su presunta participación en un esquema que habría generado un daño superior a los 5 mil millones de pesos a dicho organismo.
Incluso, desde años anteriores, las autoridades ya habían solicitado su localización, pues era considerado prófugo mientras avanzaban las investigaciones.
PODRÍA SER EXTRADITADO A MÉXICO
Tras su detención, se prevé que Rafael Zaga Tawil sea puesto a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar el proceso de deportación o extradición hacia México, donde deberá enfrentar los cargos en su contra.
Este caso forma parte de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente en la localización de personas acusadas de delitos financieros y de alto impacto.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la fecha en la que podría concretarse su traslado, ni sobre su situación legal inmediata en territorio estadounidense.
El caso está relacionado con un presunto esquema de desvío de recursos dentro del Infonavit, donde mediante operaciones financieras irregulares y uso de empresas vinculadas, se habrían transferido millones de pesos fuera del sistema institucional. Las investigaciones señalan que este mecanismo permitió ocultar el origen del dinero y dificultar su rastreo, generando un daño significativo a los fondos destinados a vivienda para trabajadores en México.
