Funcionarios mexicanos habrían sostenido reuniones discretas con autoridades de Estados Unidos para proporcionar información sobre integrantes de Morena, en el contexto de las investigaciones impulsadas por la administración de Donald Trump sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado, según un reportaje publicado por The New York Times.
De acuerdo con la publicación, estos acercamientos comenzaron a intensificarse después de que autoridades estadounidenses identificaran a una decena de funcionarios, tanto en funciones como retirados, por presuntas colaboraciones con uno de los principales cárteles del país.
El diario estadounidense asegura que algunos actores políticos buscaron colaborar con las autoridades de ese país como una forma de anticiparse a posibles investigaciones que eventualmente pudieran involucrarlos. El reportaje señala que al menos diez funcionarios electos, incluidos gobernadores y legisladores, habrían establecido contacto con autoridades estadounidenses para intercambiar información sobre otros integrantes del sistema político mexicano.
FRACTURAS DENTRO DE MORENA
Según The New York Times, este escenario también evidenciaría diferencias al interior de Morena respecto a la relación con Washington. Mientras un grupo apuesta por mantener una postura firme frente a las investigaciones estadounidenses, otros considerarían necesaria una mayor cooperación con Estados Unidos.
El reportaje sostiene además que parte de estos contactos habría sido promovida por la Administración para el Control de Drogas (DEA), aunque tanto la agencia estadounidense como el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum declinaron hacer comentarios sobre esa versión.
INVESTIGACIONES Y TENSIÓN BILATERAL
La publicación aparece en un momento de tensión entre ambos países. En semanas recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente las investigaciones emprendidas por autoridades estadounidenses y afirmó que algunos de estos procesos representan una forma de injerencia en los asuntos internos de México.
Asimismo, rechazó actuar contra figuras políticas señaladas por fiscales de Estados Unidos, entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al argumentar que no existen pruebas suficientes.
