Las familias de las víctimas de la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019 solicitaron a un juez federal de Estados Unidos que les permita preservar su derecho a reclamar una posible compensación con bienes bloqueados de Ismael "El Mayo" Zambada, quien enfrenta una sentencia de decomiso por 15 mil millones de dólares tras declararse culpable de cargos relacionados con el narcotráfico.
La petición fue presentada el 15 de julio de 2026 ante el juez Brian M. Cogan, del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, por el despacho Motley Rice LLC, representante legal de las familias afectadas.
BUSCAN RECLAMAR BIENES EN COMPENSACIÓN POR MASACRE DE 2019
El recurso busca mantener abierta la posibilidad de que las víctimas puedan reclamar activos vinculados con organizaciones criminales para hacer efectiva una sentencia de compensación obtenida en 2022 contra el Cártel de Juárez. La solicitud fue presentada a pocos días de la audiencia de sentencia de Zambada, programada para el próximo 20 de julio.
No obstante, el documento aclara que no presenta pruebas de que "El Mayo" haya ordenado, financiado o coordinado la masacre de 2019. El vínculo con el caso se plantea únicamente como un argumento jurídico, al sostener que el narcotraficante habría actuado como agente o instrumento del Cártel de Juárez.
La solicitud de las familias se basa en la Ley de Seguro contra Riesgos del Terrorismo de 2002 (TRIA), legislación estadounidense que permite, bajo determinadas condiciones, ejecutar sentencias contra bienes bloqueados de organizaciones terroristas o de quienes sean considerados sus instrumentos.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Zambada aceptó una sentencia de decomiso por 15 mil millones de dólares, monto que ahora las familias buscan analizar para conocer si existen bienes o recursos que eventualmente puedan responder a las obligaciones legales derivadas de su sentencia de compensación.
ABOGADOS ACUSAN AL GOBIERNO DE EU DE EXCLUIR A LAS FAMILIAS
En su escrito, Motley Rice también cuestionó una propuesta de orden de decomiso presentada por el gobierno de Estados Unidos el pasado 13 de julio. Según los abogados, esa propuesta otorgaría al gobierno el control exclusivo de los recursos entregados por Zambada para cumplir con la sanción económica, excluyendo a terceros de cualquier reclamación.
La defensa rechazó esa interpretación al considerar que limitaría la oportunidad de las víctimas para solicitar activos que pudieran identificarse posteriormente. Además, pidió acceso al estado financiero que Zambada debía entregar como parte de su acuerdo de culpabilidad, aunque propuso que dicha información permanezca bajo reserva judicial para proteger datos sensibles.
SOLICITUDES PRESENTADAS AL JUEZ
Entre las solicitudes presentadas al juez destacan autorizar una investigación limitada sobre los bienes del capo, ordenar la entrega del informe financiero a las familias, garantizar que una orden preliminar de decomiso no afecte sus derechos para reclamar activos en el futuro y exigir que sean notificadas sobre cualquier pago o bien sustituto que sea localizado para cumplir con la sentencia.
Los abogados de las familias también informaron que asistirán a la audiencia de sentencia prevista para el 20 de julio.
Por ahora, el caso se centra en determinar si las familias podrán acceder a información sobre el patrimonio de Zambada y conservar su derecho a reclamar bienes que eventualmente sean identificados, sin que ello implique un reconocimiento de responsabilidad del narcotraficante en la masacre ocurrida en 2019.
