La defensa de Cilia Flores solicitó a un juez federal de Nueva York que le permita seguir su proceso judicial bajo arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud, particularmente por problemas cardíacos que, según sus abogados, requieren atención especializada.
Mark E. Donnelly y Andres Sánchez, representantes legales de Flores, plantearon ante el juez Alvin K. Hellerstein que la exprimera dama venezolana sea trasladada a una residencia privada con vigilancia armada las 24 horas, monitoreo mediante GPS, restricciones para recibir visitas y supervisión de sus comunicaciones.
Los abogados sostienen que Flores, de 69 años, se encontraba físicamente saludable y no utilizaba medicamentos antes de su captura, ocurrida el 3 de enero junto a su esposo, Nicolás Maduro. Actualmente, aseguran, toma cuatro fármacos y necesita someterse al menos a un cateterismo.
LA DEFENSA ALERTA SOBRE SU ESTADO FÍSICO
De acuerdo con el documento presentado ante la corte, Flores experimentó el pasado 29 de julio un episodio de aproximadamente 30 minutos caracterizado por una fuerte presión en el pecho. Sus abogados señalaron que especialistas consultados no descartan que haya sufrido un infarto leve.
La defensa también reportó pérdida de más de 11 kilogramos, debilidad, episodios de taquicardia, dificultad para respirar, dolor torácico y mareos. Además, afirmó que la detenida duerme apenas entre tres y cuatro horas por noche debido a las condiciones del centro de reclusión.
Los representantes legales argumentan que una residencia bajo supervisión podría permitir su recuperación después de una eventual intervención cardíaca. También que Flores no tiene antecedentes penales, no constituye un riesgo para la comunidad y no representa peligro de fuga.
La defensa agregó argumentos relacionados con inmunidad internacional y calificó su captura como un "secuestro".
Flores y Maduro enfrentan cargos en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, acusaciones ante las cuales ambos se han declarado inocentes.
El juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, mientras que el 17 de noviembre se celebrará una audiencia para discutir las mociones que buscan desestimar el proceso.
