La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) aseguró que las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, representan apenas el inicio de futuras acciones contra políticos mexicanos señalados por colaborar con grupos criminales.
Durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, Terrance Cole, encargado de la DEA, respondió al senador republicano John Kennedy sobre las investigaciones reveladas el pasado 29 de abril contra funcionarios mexicanos.
"Puedo asegurarle que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México", afirmó Cole al ser cuestionado sobre las acusaciones relacionadas con presuntos nexos entre autoridades y organizaciones del narcotráfico.
FUNCIONARIOS DE EEUU ADVIERTEN MÁS OPERATIVOS
En la audiencia también participó el director del FBI, Kash Patel, quien señaló que existe cooperación con México para enfrentar la infiltración del crimen organizado en estructuras políticas y de seguridad.
Kennedy cuestionó por qué existen políticos ligados a grupos criminales y preguntó si los motivos obedecen al miedo o al dinero. Patel respondió que ambas razones influyen en estos vínculos.
Por su parte, Cole sostuvo que durante años narcotraficantes y funcionarios de alto nivel han estado relacionados, aunque ahora las autoridades estadounidenses están prestando mayor atención al tema.
Además, destacó que la estrategia de la DEA busca atacar directamente a los líderes criminales, debilitar sus operaciones y romper las cadenas de suministro del narcotráfico.
ACUSACIONES ALCANZAN A MÁS FUNCIONARIOS
Junto con Rocha Moya, Estados Unidos señaló a otras nueve personas por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, entre ellas Enrique Inzunza Cázarez, Juan de Dios Gámez Mendívil y Gerardo Mérida Sánchez.
El Departamento de Justicia estadounidense afirmó que el grupo criminal habría establecido alianzas con políticos y mandos policiales corruptos para facilitar sus operaciones.
Tras las acusaciones, Rocha Moya solicitó una separación temporal de su cargo mientras autoridades mexicanas realizan investigaciones y exigen pruebas sobre los señalamientos emitidos por EEUU.
