La rectora de la Universidad de Sonora, Dena Camarena, aseguró que la institución no se retiró de las mesas de negociación con los sindicatos y sostuvo que la huelga iniciada por trabajadores carece de sustento legal, al existir una resolución judicial previa que desechó el emplazamiento.
En entrevista, la titular de la máxima casa de estudios explicó que desde hace aproximadamente dos meses se instalaron mesas de diálogo con los sindicatos de trabajadores académicos (STAUS) y de empleados (STEUS), en las que se abordaron temas relacionados con incrementos salariales y la revisión de los contratos colectivos.
Camarena detalló que la universidad presentó una propuesta alineada con la política salarial nacional, la cual contempla un aumento del 4% directo al salario y un 2 por ciento adicional en prestaciones.
Asimismo, indicó que se conformaron subcomisiones mixtas para analizar demandas específicas de los trabajadores y avanzar en la construcción de acuerdos. Además, señaló que se plantearon incrementos diferenciados para los niveles salariales más bajos, con aumentos de hasta 12.89% en los primeros niveles tabulares, lo que beneficiaría a cerca de mil 600 empleados.
La propuesta también incluye un paquete adicional de prestaciones, como vales de despensa, canastillas, dote matrimonial, servicios médicos y transporte.
"Hasta el último momento hemos estado ahí", expresó la rectora al destacar la disposición de la institución para continuar con el diálogo.
CALIFICAN PARO COMO IMPROCEDENTE
Respecto al conflicto, Camarena recordó que el pasado 15 de abril el Primer Tribunal Laboral del Distrito Judicial 1 de Hermosillo resolvió archivar el emplazamiento a huelga promovido por el STEUS, al considerar que el expediente presentaba irregularidades.
Sin embargo, el sindicato decidió continuar con su proceso y estalló la huelga el 16 de abril, situación que la universidad considera improcedente.
"Legalmente no puede existir una huelga porque ya hay una determinación de un juez como tal. Es decir, es ilegal la huelga", puntualizó.
Ante ello, la rectora reiteró que la institución no reconoce el movimiento y calificó la toma de instalaciones como una acción sin sustento legal, por lo que hizo un llamado a los trabajadores a devolver los espacios universitarios.
La paralización de actividades impacta directamente a más de 49 mil estudiantes, además de afectar proyectos académicos, de investigación y procesos administrativos.
Actualmente, las instalaciones de la universidad permanecen cerradas y sin acceso, mientras que la continuidad de clases depende de las decisiones que tomen los docentes.
