El titular de la UIF explicó que la denuncia contra Latinus se presentó por delitos de lavado de dinero y corrupción
Por: Andrés Manuel Contreras Alaniz
En la conferencia mañanera de este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), negó que se esté investigando al periodista Carlos Loret de Mola, luego de que el comunicador afirmara que es víctima de una supuesta "persecución" por sus trabajos de investigación.
Sin embargo, el funcionario aclaró que la UIF sí presentó una denuncia, pero contra Latinus, el medio de comunicación donde Loret de Mola tiene una destacada participación.
"La denuncia que presentó la UIF contra Latinus no incluye a ningún periodista, ningún profesional de la comunicación ni persona que se dedique a esta actividad", subrayó.
MOTIVOS DE LA DENUNCIA CONTRA LATINUS
El titular de la UIF explicó que la denuncia contra Latinus Media Group LCC, una empresa registrada a finales de 2019 y fundada en 2017 por el empresario Christian González Guadarrama, se presentó por delitos de lavado de dinero y corrupción.
La investigación contra Latinus, iniciada el 20 de mayo de 2021, no es reciente y está siendo procesada por la Fiscalía General de la República. Pablo Gómez destacó que la denuncia se formuló con base en investigaciones, no por menciones en medios de comunicación.
"Nosotros no andamos haciendo indagatorias", afirmó, refiriéndose a las averiguaciones financieras de la UIF, basadas en el sistema financiero y avisos de actividades sospechosas.
DATOS ECONÓMICOS PRESENTADOS
Durante su intervención, Gómez presentó un cuadro con los montos económicos recibidos por los colaboradores de Latinus, entre ellos Carlos Loret de Mola, quien habría recibido más de 5 millones de pesos, y Latinus, con más de 17 millones de pesos.
Sin embargo, aclaró que estos recursos no se destinaron a la compra de servicios periodísticos, sino a servicios médicos y promoción de campañas, entre otros.
Por último, Pablo Gómez afirmó que se ha respetado la libertad de expresión, destacando el Artículo 7 de la Constitución, que garantiza la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas.
