El Gobierno busca mantener un equilibrio entre la facilitación de transacciones financieras y la supervisión de flujos de efectivo
Por: Araceli Rodríguez
En México, los bancos tienen la obligación de reportar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos mensuales. Sin embargo, existe una excepción para los pagos a tarjetas de crédito.
El Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), que equivale al tres por ciento sobre el excedente de los depósitos en efectivo, no se aplica a los depósitos destinados a cubrir deudas de tarjetas de crédito, siempre y cuando el monto depositado no exceda el saldo adeudado.
Según información proporcionada por la autoridad fiscal, las instituciones financieras deben informar al SAT mensualmente, específicamente el día 17 de cada mes, sobre los depósitos en efectivo a tarjetas de crédito que superen los 15 mil pesos. Esta medida está diseñada para monitorear posibles movimientos significativos de dinero.
MOVIMIENTOS FINANCIEROS QUE NO MONITOREA EL SAT
En un comunicado emitido en 2022, el Servicio de Administración Tributaria precisó que ciertos tipos de depósitos no están sujetos a vigilancia fiscal ni generan impuestos adicionales, estos incluyen:
- Depósitos destinados a gastos familiares.
- Pagos por venta de catálogos.
- Tandas.
- Préstamos personales.
Es importante destacar que no todas las transacciones se consideran depósitos en efectivo según la normativa vigente.
Las transferencias electrónicas, traspasos entre cuentas y otros métodos acordados con instituciones financieras no entran en la categoría de depósitos en efectivo, independientemente de la entidad que los reciba.
Esta regulación busca mantener un control fiscal efectivo sobre los flujos de efectivo significativos, mientras se exime de carga tributaria a ciertos tipos de transacciones que no representan una fuente directa de ingresos gravable para los contribuyentes.
Aunque los depósitos en efectivo para pagos de tarjetas de crédito no generan IDE, deben ser reportados mensualmente al SAT por las instituciones financieras, contribuyendo así a la transparencia y cumplimiento fiscal en el sistema bancario mexicano.
