Con ella se busca garantizar el acceso equitativo a servicios básicos y proteger los recursos naturales del territorio nacional
Por: Marcela Islas
La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que devuelve a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) su carácter de empresas públicas. Esta decisión, que revierte cambios realizados en 2013, busca garantizar el acceso equitativo a servicios básicos y proteger los recursos naturales de México.
La reforma, que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, ha sido ampliamente respaldada por el gobierno y diversos sectores de la sociedad. Según el diputado Pedro Vázquez González del Partido del Trabajo, esta medida permitirá prevenir abusos monopólicos y asegurar que los recursos naturales del país sean utilizados en beneficio de todos los mexicanos.
OPINIONES DE EXPERTOS
Algunos expertos consultados respecto a esta reforma, coinciden en que podría traducirse en precios más accesibles para la energía eléctrica y los combustibles o que incluso pudieran reducirse.
Pablo Sandoval Cabrera, investigador de la Universidad de Guadalajara, señala que si CFE y Pemex son administradas de manera eficiente, podrán ofrecer servicios de calidad a precios justos en un futuro.
Sin embargo, Israel Macías, economista de la Universidad Panamericana, advierte que aunque los precios no aumenten, el gobierno podría subsidiar estos servicios, lo que implicaría un mayor gasto público.
Si bien esta reforma representa un avance significativo hacia la soberanía energética de México, también plantea nuevos desafíos. La eficiencia en la operación de CFE y Pemex será fundamental para garantizar el suministro de energía y combustibles a precios competitivos.
NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Además, será necesario implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo de energías renovables y la transición hacia una economía más sostenible.
La reforma aprobada en la Cámara de Diputados marca un hito en la política energética de México. Al devolver a CFE y Pemex su carácter de empresas públicas, el gobierno busca garantizar el acceso a servicios básicos, proteger los recursos naturales y fortalecer la economía nacional.
Sin embargo, el éxito de esta reforma dependerá de la capacidad del Estado para administrar eficientemente estas empresas y promover un modelo energético más justo y sostenible.
