Organizaciones de defensa del patrimonio familiar siguen impulsando el lanzamiento de un nuevo decreto de regularización vehicular o en su defecto, un programa similar que ayude a que los poseedores de autos "chocolate" puedan tener certeza jurídica de la tenencia de estos, pero con un menor costo del que actualmente tiene la importación definitiva, trámite que se hace únicamente en la frontera y a través de una agencia aduanal, indicó Fidel Lugo Ayala.
El presidente nacional de Sippafa AC dijo que, a raíz de recientes publicaciones en medios de comunicación de circulación estatal, muchos ciudadanos de la entidad siguen desinformados en relación con el tema del decreto, que debería haber concluido apenas el 30 de septiembre pasado; sin embargo, fue cancelado de manera anticipada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 31 de diciembre de 2025 y hay quienes ignoran este hecho.
La decisión de llevar a cabo dicho cierre anticipado fue motivada por el mal uso que se hizo del proceso de regularización, cuando ciudadanos que vivían en entidades que no entraron al decreto estuvieron llevando vehículos a otros estados para poder legalizarlos, y con ello se "infló" la cantidad de los que pudieron ser regularizados, de manera que en estados como Sonora quedaron miles de unidades sin entrar al proceso y el tiempo se acabó, afirmó el dirigente.
Las gestiones se están llevando a cabo ante el gobierno federal, y a la par se ha buscado reforzarlas, para lo cual se entregó un oficio al gobernador Alfonso Durazo, en el que se le pide ser interlocutor para la puesta en funcionamiento de un nuevo decreto, aunque este tenga un costo no tan económico para el ciudadano como el anterior.
La gente quiere pagar impuestos, pero no tan altos como los que actualmente se pagan, que van de los 35 mil hasta los 45 mil pesos por unidad importada, cantidad que muchos vehículos no valen, expresó Lugo Ayala.
