El pasado 19 de marzo, la presidencia de la República presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que tiene el propósito de acelerar la implementación del Plan de Inversión en Infraestructura 2026–2030, cuyas reglas de operación propuestas presentan algunos riesgos para los inversionistas privados, advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Este proyecto contempla sumar 722 mil millones de pesos adicionales en nuevos proyectos durante el presente año, mediante esquemas de coinversión público-privada y la meta para el periodo 2026–2030 es alcanzar una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos, de los que el 54.15 por ciento se destinará al sector energético, 15.63 por ciento a trenes, el 13.94 por ciento a carreteras y 6.48 por ciento a puertos, manifiesta el organismo.
El IMCO plantea que existen tres riesgos centrales de la iniciativa, pues por el momento, el Plan no contempla integrar expertos técnicos independientes al Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, para contar con una pluralidad de visiones, ya que hacerlo promovería la certidumbre y la transparencia en el desarrollo de proyectos desde el inicio.
Menciona que el Consejo está presidido por el Ejecutivo federal y se conforma por integrantes del Poder Ejecutivo como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Semarnat, Sedena, Semar, Sener, Secretaría de Economía, Sedatu y Banobras, entre otros; este será el órgano que determine qué proyectos son estratégicos, bajo qué condiciones se estructuran y quiénes acceden a los instrumentos de fomento.
Menciona el análisis que otro de los riesgos estriba en que no existe certidumbre presupuestal más allá de 2030, pues la reforma propuesta al artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que en el presupuesto de cada año se deberán establecer compromisos plurianuales para el ejercicio en cuestión y los 5 años siguientes.
Aunque el objetivo del Plan es que el Estado haga sus aportaciones a las Inversiones Mixtas principalmente en forma de terrenos, bienes inmuebles, derechos de uso, infraestructura existente, concesiones, permisos o autorizaciones, en los casos donde se requieran partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación, no se garantizan los recursos para el desarrollo y construcción de los proyectos más allá de 5 años, establece el estudio.
Lo anterior --dice el IMCO--, es especialmente relevante en proyectos de infraestructura de gran escala (desde autopistas hasta extracción de hidrocarburos), cuya ejecución suele extenderse por varios años y está sujeta a retrasos durante su desarrollo.
Subraya el análisis que, en términos de atracción de inversiones, para atraer capital privado suficiente es necesario que los rendimientos sean acordes al nivel de mercado y al nivel de riesgo que cada proyecto implica, ya que proyectos con alto riesgo financiero –como puede ser exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos– o con flujos condicionados a estándares de desempeño aún no definidos pueden desincentivar la participación privada.
El estudio menciona que México necesita detonar inversión en infraestructura y esta iniciativa busca institucionalizar mecanismos para lograrlo; y aunque los instrumentos que contempla pueden ser útiles, el riesgo está en el modelo de gobernanza que los rige y en los vacíos que deja para la regulación secundaria.
Para concluir, señala que un Consejo sin reguladores independientes, ni criterios técnicos objetivos, contratos que no garantizan flujos más allá del ciclo presupuestal y esquemas de recuperación de costos sin definir, no resuelven el problema de certidumbre que la inversión privada de largo plazo requiere, sino que lo desplazan hacia la discrecionalidad de un órgano cuyas determinaciones no admiten recurso alguno.
