Dado que el intento de controlar el precio de los combustibles por parte del gobierno federal no ha cumplido su cometido, que es reducir la presión inflacionaria, además que el subsidio al Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS), tarde o temprano va a dejar un hueco en cuanto a la falta de ingresos fiscales, lo más sano es que el precio al consumidor se libere, manifestó Francisco Javier Rivera Elizondo.
El presidente de la Onexpo sección Ciudad Obregón mencionó que no es redituable para los empresarios del sector continuar vendiendo la gasolina regular a menos de 24 pesos, dado el muy escaso margen de utilidad que les representa, y se viene comentando que algunas estaciones de servicio en Sonora pudieran optar por dejar de comercializar dichos productos para quedarse únicamente con la premium, cuyo precio está liberado y les deja mejor margen de ganancia.
Mencionó, además, que al concluir el presente mes finaliza también el convenio con la Asociación de Bancos de México (ABM) para que haya comisiones por pasar las tarjetas bancarias en las terminales, de manera que a partir de noviembre este hecho volvería a tener costo; de no renovarse el acuerdo, los afectados serían los empresarios, que tendrían que absorber dicho cobro.
Y, de entrar en vigor la Ley de Pagos Digitales e incluir en esta la compra de combustibles, de nueva cuenta se les estaría complicando la actividad, porque actualmente son 25 millones de mexicanos los que no tienen una cuenta bancaria, además que no se puede obligar a todas las personas a pagar sus compras de forma electrónica.
Aunque esta ley ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, falta que se apruebe en el Senado y se dé la aprobación de las leyes secundarias, en las que se establecería alguna sanción para quien no la acate, comentó.
Entre los argumentos para la puesta en marcha de esta legislación es la erradicación del huachicol, pero esto es muy cuestionable, ya que no es en la compra de menudeo, ni siquiera en la adquisición de combustible al mayoreo en las terminales de abasto y reparto, para su venta al público, donde este delito se da, sino a niveles mucho más altos, estimó el entrevistado.
