El uso de estrategias regulatorias vinculadas a los polos de desarrollo económico y la implementación de esquemas regulatorios diferenciados, que simplifiquen y agilicen los trámites para la apertura y operación de empresas, son factores que ayudarían en el combate eficiente a la corrupción y a impulsar la competitividad en el país, consideró el Instituto Mexicano para la competitividad (IMCO).
En el análisis realizado a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, que busca dimensionar el impacto de la corrupción en la competitividad del país, el IMCO estimó que los costos económicos alcanzaron el año pasado su nivel más alto en una década, la percepción de corrupción repuntó y la prevalencia de actos corruptos en trámites se mantiene elevada.
Por ello, indica, se requiere el impulso de capacidades digitales en los gobiernos estatales y municipales, para "fomentar que la ciudadanía realice trámites, pagos, solicitud de servicios y resuelva dudas a través de aplicaciones y plataformas digitales que disminuyan el tiempo, las cargas administrativas y el riesgo de corrupción".
Menciona, asimismo, que el asegurar la integridad de las instituciones públicas y favorecer una mejor interacción entre el Estado y la ciudadanía son condiciones indispensables para incrementar la inversión y detonar el crecimiento económico de México.
El estudio dice que, en 2025, cuatro de cada cinco mexicanos consideraron que la corrupción es un fenómeno frecuente o muy frecuente en su entidad; la percepción subió de 83 a 84 por ciento entre 2023 y 2025, con lo que revirtió la tendencia a la baja observada desde 2017, siendo Michoacán, Baja California y la Ciudad de México las entidades con mayor percepción, con un 89 por ciento, mientras que Querétaro registra el nivel más bajo con 67 por ciento.
En cuanto a la tasa de prevalencia, esta alcanzó 15 mil 642 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, pues del total de ciudadanos que realizaron pagos, trámites o servicios, 16 por ciento fue víctima de algún acto de corrupción, señala el estudio.
Entre 2023 y 2025, Hidalgo y el Estado de México registraron los mayores aumentos en prevalencia, siendo Chihuahua y Colima las entidades que presentaron las mayores reducciones, indica el documento.
